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SG / Foto: Àlex Oltra
Miércoles, 13 de septiembre de 2017

El PP de Gandia pide al Gobierno local más contundencia para frenar la ocupación ilegal de viviendas

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Los concejales Soler y Puig denuncian la presencia de “mafias” ligadas a la droga y la prostitución en estos pisos vacíos.

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El portavoz municipal del PP en Gandia, Víctor Soler, y el concejal Andrés Puig piden al Gobierno local que actúe con “mano dura” para evitar la ocupación ilegal de viviendas. En este sentido, reclamaron que continúen con la “Operación Ajedrez” que los populares iniciaron la pasada legislatura y que permitió tapiar 300 de estas viviendas problemáticas.

 

Según Soler, en los últimos años se ha incrementado el número de pisos ocupados por “personas y mafias que vienen a Gandia a delinquir”, ligados a la prostitución o a las drogas, por lo que insta a crear una Mesa de Seguridad Local, “para que estos temas sean tratados por los diferentes grupos políticos y funcionarios correspondientes de los cuerpos policiales”.

 

“Durante la legislatura pasada – continuó Soler- disponíamos de un operativo llamado “Operación Ajedrez”, donde Juzgados, Fiscalía, Policía Local y Policía Nacional, siguiendo escrupulosamente la Ley; actuaban de manera coordinada para en cuestión de días proceder al desalojo de los delincuentes que ocupaban la vivienda de manera ilegal. Nunca este dispositivo se dirigía contra familias vulnerables, cuyo procedimiento era diferente y seguido desde los Servicios Sociales”.

 

Pero ahora, según Soler, “no hay voluntad política de atajar el problema, pues los medios humanos y económicos, son los mismos”. Por su parte, Andrés Puig aseguró que todo ello genera miedo entre los vecinos que siguen haciendo frente a sus hipotecas, impuestos y gastos de comunidad, mientras en la puerta de al lado cohabitan personas peligrosas”.

 

Respuesta del Gobierno

En respuesta a estas consideraciones, el Gobierno local respondió que no hay más casos que antes, y que se está actuando acorde con la ley. El coportavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, indicó que "las situaciones que han explicado están en manos de los que tienen que estar, que son sus propietarios, los órganos judiciales y la Fiscalía porque la propiedad de las viviendas no es nuestra. Pero no nos conformamos con esta situación y seguimos el protocolo establecido por el Gobierno central".

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