EL PP DE OLIVA DENUNCIA LA GESTIÓN IRREGULAR DEL GOBIERNO LOCAL PRO UCIN
El portavoz del PP lamenta que la alcaldesa Yolanda Pastor deje la administración local «a los pies de los caballos»
Salazar asegura que «con esto se entiende por qué la alcaldesa no ha llevado a cabo la auditoría prometida»
La situación en el Ayuntamiento de Oliva ha llegado a un punto límite. Así lo manifiesta el portavoz del Partido Popular, Germán Salazar, tras hacerse públicos los informes de Secretaría e Intervención sobre el expediente 9600/2026, que recogen que se han pagado decenas de facturas sin contrato por importe de millones de euros. Salazar considera que el gobierno municipal de PRO‑UCIN, encabezado por la alcaldesa Yolanda Pastor, ha llevado a la administración «a los pies de los caballos» por su incapacidad para gestionar y su desprecio a la legalidad.
Un problema estructural que se arrastra desde hace años
Los informes revelan que, sólo en 2024 y 2025, se aprobaron 31 expedientes con reparos de Intervención y una cuantía superior a 6,3 millones de euros, a los cuales hay que sumar más de medio millón de euros de lo que va de ejercicio 2026. Esta práctica se ha convertido en un procedimiento habitual: los servicios se prestan sin licitación y luego se pagan mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito. Para Salazar, «estamos ante un patrón de contratación irregular que el gobierno municipal se niega a corregir; es una chapuza administrativa que compromete la solvencia del Ayuntamiento y la confianza de los proveedores».
Además de incumplir la Ley de Contratos del Sector Público, los informes subrayan que muchos de estos gastos no son urgentes y se repiten año tras año. La Intervención advierte incluso que, mientras exista omisión de fiscalización, no se puede reconocer la obligación ni tramitar el pago, lo que deja a los proveedores en un limbo y expone al consistorio a indemnizaciones por enriquecimiento injusto.
Salazar recuerda sus advertencias plenarias
«Ahora se evidencia por qué la alcaldesa ha incumplido su principal promesa electoral, que consistía en que “lo primero que haría sería realizar una auditoría si gobernaba”. A la vista de los informes, es la más interesada de que no se efectúa auditoría alguna», ha manifestado Salazar.
El portavoz popular afirma que «pleno tras pleno he venido denunciando estas irregularidades y alertando de que estábamos dejando la administración de Oliva al borde del precipicio». Ya en abril de 2025 criticó públicamente que el gobierno de PRO‑UCIN había dilapidado el remanente de tesorería en modificaciones de crédito improvisadas. Entonces advirtió que se estaban utilizando fondos extraordinarios para gastos ordinarios y que se hipotecaba el futuro de la ciudad.
Para Salazar, la revelación de los informes de Secretaría e Intervención confirma aquellas alertas. «Nos decían que eran gastos urgentes, y ahora vemos que eran servicios recurrentes adjudicados a dedo. La alcaldesa Yolanda Pastor ha hecho oídos sordos a nuestras advertencias y ha dejado que el problema crezca hasta cifras escandalosas».
Exigencia de responsabilidades y medidas inmediatas
El líder del PP en Oliva exige que se depuren responsabilidades. Recuerda que la legislación hace personalmente responsables a los ordenadores de gasto y pago que autoricen gastos sin crédito o sin contrato. «Alguien tiene que responder por este despropósito: no pueden cargar sobre la ciudadanía el coste de su mala gestión», sostiene.
Salazar reclama también medidas inmediatas para revertir la situación: convocar con carácter urgente al pleno para iniciar los expedientes de responsabilidad y, sobre todo, implantar un plan de contratación menor con formación al personal y apoyo técnico, tal como propone la Secretaría. «Es inadmisible que la administración esté paralizada por la negligencia del gobierno municipal; exigimos transparencia, rigor y respeto a la ley», ha concluido.

Salazar asegura que «con esto se entiende por qué la alcaldesa no ha llevado a cabo la auditoría prometida»
La situación en el Ayuntamiento de Oliva ha llegado a un punto límite. Así lo manifiesta el portavoz del Partido Popular, Germán Salazar, tras hacerse públicos los informes de Secretaría e Intervención sobre el expediente 9600/2026, que recogen que se han pagado decenas de facturas sin contrato por importe de millones de euros. Salazar considera que el gobierno municipal de PRO‑UCIN, encabezado por la alcaldesa Yolanda Pastor, ha llevado a la administración «a los pies de los caballos» por su incapacidad para gestionar y su desprecio a la legalidad.
Un problema estructural que se arrastra desde hace años
Los informes revelan que, sólo en 2024 y 2025, se aprobaron 31 expedientes con reparos de Intervención y una cuantía superior a 6,3 millones de euros, a los cuales hay que sumar más de medio millón de euros de lo que va de ejercicio 2026. Esta práctica se ha convertido en un procedimiento habitual: los servicios se prestan sin licitación y luego se pagan mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito. Para Salazar, «estamos ante un patrón de contratación irregular que el gobierno municipal se niega a corregir; es una chapuza administrativa que compromete la solvencia del Ayuntamiento y la confianza de los proveedores».
Además de incumplir la Ley de Contratos del Sector Público, los informes subrayan que muchos de estos gastos no son urgentes y se repiten año tras año. La Intervención advierte incluso que, mientras exista omisión de fiscalización, no se puede reconocer la obligación ni tramitar el pago, lo que deja a los proveedores en un limbo y expone al consistorio a indemnizaciones por enriquecimiento injusto.
Salazar recuerda sus advertencias plenarias
«Ahora se evidencia por qué la alcaldesa ha incumplido su principal promesa electoral, que consistía en que “lo primero que haría sería realizar una auditoría si gobernaba”. A la vista de los informes, es la más interesada de que no se efectúa auditoría alguna», ha manifestado Salazar.
El portavoz popular afirma que «pleno tras pleno he venido denunciando estas irregularidades y alertando de que estábamos dejando la administración de Oliva al borde del precipicio». Ya en abril de 2025 criticó públicamente que el gobierno de PRO‑UCIN había dilapidado el remanente de tesorería en modificaciones de crédito improvisadas. Entonces advirtió que se estaban utilizando fondos extraordinarios para gastos ordinarios y que se hipotecaba el futuro de la ciudad.
Para Salazar, la revelación de los informes de Secretaría e Intervención confirma aquellas alertas. «Nos decían que eran gastos urgentes, y ahora vemos que eran servicios recurrentes adjudicados a dedo. La alcaldesa Yolanda Pastor ha hecho oídos sordos a nuestras advertencias y ha dejado que el problema crezca hasta cifras escandalosas».
Exigencia de responsabilidades y medidas inmediatas
El líder del PP en Oliva exige que se depuren responsabilidades. Recuerda que la legislación hace personalmente responsables a los ordenadores de gasto y pago que autoricen gastos sin crédito o sin contrato. «Alguien tiene que responder por este despropósito: no pueden cargar sobre la ciudadanía el coste de su mala gestión», sostiene.
Salazar reclama también medidas inmediatas para revertir la situación: convocar con carácter urgente al pleno para iniciar los expedientes de responsabilidad y, sobre todo, implantar un plan de contratación menor con formación al personal y apoyo técnico, tal como propone la Secretaría. «Es inadmisible que la administración esté paralizada por la negligencia del gobierno municipal; exigimos transparencia, rigor y respeto a la ley», ha concluido.









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