Hay debates que en Madrid se plantean como si fueran una jugada política, pero en ciudades como Gandia se convierten en algo mucho más serio: vivienda, convivencia, servicios públicos y capacidad real de integración. 

Por eso la regularización extraordinaria que ha aprobado el Gobierno no debería analizarse aquí desde el eslogan fácil, sino desde una pregunta muy concreta: ¿ayuda esto a que Gandia sea una ciudad mejor? A mi juicio, no.

Y no lo digo desde el rechazo a la inmigración legal, ordenada e integrada. Gandia ha crecido y se ha enriquecido durante años con personas que han venido a trabajar, a emprender y a formar parte de nuestra ciudad. 

El problema no es ese. El problema es convertir una cuestión tan delicada en una medida general lanzada desde arriba, sin explicar bien cómo va a afectar de verdad a los municipios.

En Gandia este debate no puede separarse de la vivienda. La ciudad ha pasado de 80.095 habitantes en 2024 a 83.135 en 2025, y el INE la situó entre las ciudades españolas con mayor crecimiento relativo. Al mismo tiempo, aquí ya se habla abiertamente de la presión sobre la vivienda y de la necesidad de convertir en oferta real el suelo disponible, con capacidad para más de 3.000 viviendas. 

Es decir, la ciudad ya tiene tensiones que resolver antes de sumar más demanda sin una planificación seria. No se trata solo de decir si esta medida gusta o no. La pregunta importante es otra: ¿quién va a asumir sus efectos desde el primer día? 

Porque no será un despacho en Madrid. Serán los ayuntamientos, los servicios sociales, las oficinas de atención, los barrios y el mercado de la vivienda. Y Gandia, ahora mismo, no está para más parches ni más improvisaciones. Lo que necesita es más vivienda asequible, mejores servicios, ordenar su crecimiento y cuidar la convivencia.

También hay una cuestión de sentido común. Cuando el PP pide que este tipo de procesos no sean masivos, sino estudiados caso por caso, está defendiendo una idea que mucha gente entiende: no puede dar igual cumplir la ley que incumplirla. Tampoco parece razonable lanzar el mensaje de que entrar o permanecer de forma irregular acaba teniendo, tarde o temprano, una salida administrativa. Una ciudad seria necesita normas claras, trámites y consecuencias claras. Para quien llega y para quien ya está aquí.

Gandia no será una ciudad mejor por aceptar sin debate una regularización de gran escala mal explicada y peor aterrizada en el plano municipal. Será mejor si apuesta por la inmigración legal, por la integración de verdad, por empleo digno y por una política de vivienda pensada para las familias, no para el titular.

Lo responsable no es abrir procesos de gran impacto sin medir bien sus consecuencias. Lo responsable es poner orden, planificar, reforzar servicios y exigir al Gobierno de España que no descargue sobre ciudades como la nuestra el coste político y social de decisiones tomadas desde arriba.

Porque Gandia no necesita gestos grandilocuentes. Necesita sentido común. Y el sentido común, en este caso, pasa por decir con claridad que una medida así, si no viene acompañada de recursos, planificación y vivienda, no mejora la ciudad: la tensiona más.