El aterrizaje del reglamento europeo de criptoactivos (MiCA) está cambiando el guion del sector en la UE, pero también está abriendo una zona gris peligrosa. La tentación de vender estatus regulatorio como si fuera un sello de calidad universal.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha lanzado un aviso a los proveedores de servicios cripto (CASP). Si ofreces en la misma plataforma productos regulados por MiCA y otros que quedan fuera, no puedes permitir que el cliente confunda una cosa con la otra.

En España, donde el interés minorista por los criptoactivos convive con un aumento de las alertas por fraude y chiringuitos financieros, el mensaje no es menor. El debate ya no va solo de innovación, sino de expectativas. Como el que cree el usuario que está comprando y qué protección real tiene cuando algo sale mal.

La advertencia de ESMA, con el foco en las plataformas mixtas

El núcleo del aviso de ESMA es sencillo. Cuando un CASP combina servicios regulados por MiCA con otros no cubiertos por esa norma, existe un riesgo alto de que el cliente piense que todo está supervisado y protegido por igual.

ESMA describe un efecto halo por el que la licencia puede dar una falsa sensación de seguridad respecto a productos o servicios que, en realidad, no disfrutan de las salvaguardas de MiCA.

Esto se ve especialmente claro en el consumo online, donde las fronteras entre inversión, pagos y ocio se diluyen. Basta con asomarse a las opciones de entretenimiento con criptoactivos, como los crypto casinos.

Estas plataformas ofrecen diferentes juegos de casino, como ruletas, tragaperras y mesas en vivo, además de bonos y otros beneficios, todo con la posibilidad de hacer depósitos y retiradas con los principales criptoactivos (fuente: https://cryptonews.com/es/criptomonedas/crypto-casinos-internacionales-online/).

Sin embargo, solo el factor de tener criptomonedas disponibles no significa que operan bajo el reglamento MiCA. De ahí que el usuario pueda recibir el mensaje implícito de que “si hay cripto y hay marca, hay garantías”, justo el tipo de atajo mental que ESMA quiere cortar de raíz.

Qué significa estatus regulatorio y por qué ESMA quiere frenar su uso comercial

MiCA introduce obligaciones pensadas para elevar la protección del cliente. Desde reglas de conducta, gestión de conflictos y gestión de reclamaciones hasta requisitos sobre salvaguarda de activos del cliente, siempre dentro del perímetro del servicio regulado.

Pero ESMA insiste en que esa protección no se puede extender por marketing a actividades no cubiertas por MiCA. La advertencia también apunta a una práctica concreta. Algunos CASP podrían estar usando su condición regulada como argumento promocional para empujar al cliente a contratar o usar servicios donde la regulación no aplica.

En otras palabras, no basta con tener una licencia. Lo que importa es para qué se tiene y qué parte del catálogo entra en el perímetro. El trasfondo es conocido en Europa desde el colapso de grandes plataformas y el golpe de confianza que supuso el ciclo 2022.

Cuando hay problemas de solvencia, custodia o riesgo operacional, el cliente descubre tarde que la promesa de seguridad era más publicidad que norma. Esa sensibilidad regulatoria en la UE llegó tras episodios como FTX y la presión para limitar riesgos al inversor.

España en modo transición: CNMV, licencias y el calendario hasta 2026

En el caso español, el calendario MiCA ha sido una historia de ajustes. El Ministerio de Economía decidió alinearse con el plazo máximo europeo y permitir que determinadas entidades que ya operaban antes de la fecha clave sigan haciéndolo hasta julio de 2026, mientras la CNMV tramita solicitudes.

En ese momento se hablaba de decenas de expedientes sobre la mesa. La misma información apunta además a que, antes de que la CNMV asumiera ese papel en el nuevo marco, existía un registro del Banco de España vinculado a la prevención de blanqueo y donde figuraban más de 100 plataformas inscritas.

Un dato que explica por qué el regulador necesita tiempo. Hay mercado, hay actores y hay volumen administrativo que digerir sin precipitar licencias. Y todo eso se conecta con otra pieza.

España había previsto inicialmente un periodo transitorio más corto (12 meses) para aplicar plenamente MiCA a ciertos proveedores, algo que luego se ha ido recalibrando en la práctica por cómo aterriza la norma en cada Estado miembro.

El inversor minorista, en el centro: Adopción real y señales de riesgo

El interés social por los criptoactivos en España no es anecdótico, aunque tampoco masivo. Un análisis del Banco de España sobre tenencia de criptoactivos señala que la exposición directa de los hogares era limitada en los años analizados y aporta perfiles y usos.

Por ejemplo, cita datos del BCE donde el uso principal declarado se concentra en inversión (59%), con un 19% que lo usa como medio de pago y un 20% para ambos fines. Aun así, la foto más reciente de adopción apunta a un salto frente a 2022.

Una pieza de verificación de Newtral, basada en una encuesta del BCE con 40.000 entrevistas en 2024, sitúa en 9% la población en España que declara poseer criptomonedas, frente al 4% de 2022, y detalla además el reparto de motivaciones en España (inversión, pagos o ambas).