Los últimos datos muestran un escenario donde la dependencia del alquiler como complemento económico y la creciente dificultad para gestionar trámites legales convierte a los arrendadores mayores de 65 años en un grupo que requiere una atención específica. Además, el análisis evidencia que la combinación entre estabilidad patrimonial y vulnerabilidad operativa exige herramientas, servicios y medidas que permitan a este colectivo afrontar los retos actuales del mercado de forma segura.

El envejecimiento del parque de arrendadores no solo es un dato estadístico, sino un fenómeno que repercute en la estructura del mercado del alquiler y que requiere respuestas adaptadas: desde apoyo en la gestión del arrendamiento hasta soluciones que garanticen estabilidad económica y tranquilidad en la jubilación.

Los mayores de 65 años: el pilar del alquiler particular en España

Según los datos más recientes, el 88,6% de las personas mayores de 65 años tiene una vivienda en propiedad, una cifra que se mantiene prácticamente inalterada desde hace más de una década. Esta estabilidad convierte a este grupo en el principal proveedor de vivienda en alquiler dentro del mercado residencial español. En contraste, las generaciones más jóvenes están perdiendo capacidad de acceso a la propiedad a un ritmo acelerado. Entre los 45 y 64 años, el porcentaje de propietarios ha caído del 82% en 2012 al 76,4% en 2024. La tendencia es aún más marcada en edades inferiores: los 30 a 44 años han pasado del 67% al 52,9%, y los menores de 30 años han descendido del 41% al 27% en el mismo periodo.

Este progresivo desplazamiento del acceso a la propiedad está provocando que la mayor parte del patrimonio inmobiliario quede concentrado en personas de más edad, que a su vez recurren con frecuencia al alquiler para complementar sus ingresos durante la jubilación. El resultado es un mercado donde los propietarios sénior desempeñan un papel esencial, pero al mismo tiempo son quienes más dependen del alquiler como fuente de estabilidad económica.

Una brecha generacional que transforma el acceso a la vivienda

Los datos del INE reflejan un cambio estructural: las generaciones jóvenes afrontan barreras cada vez mayores para comprar una vivienda. El encarecimiento del crédito, la necesidad de ahorrar importes elevados para la entrada y las condiciones laborales más inestables explican en gran parte este descenso en la propiedad entre menores de 45 años. Mientras tanto, la cohorte sénior mantiene un nivel de propiedad casi intacto. Esto no solo indica que accedieron a la vivienda en un momento de precios más equilibrados, sino que además han disfrutado de décadas para amortizar hipotecas y acumular patrimonio. En cambio, los propietarios jóvenes tardan más en acceder a su primera vivienda y, por tanto, retrasan la posibilidad de ofrecerla en alquiler, reduciendo la rotación generacional del parque arrendado.

Esta brecha también influye en el mercado del alquiler: a falta de nuevos propietarios, la oferta queda sosteniéndose sobre el mismo grupo, que continúa envejeciendo sin que haya un relevo equivalente por parte de las generaciones posteriores.

Un mercado tensionado que incrementa el riesgo de impago

El entorno económico actual está marcado por un notable encarecimiento de la vivienda. En el segundo trimestre de 2025, los precios crecieron un 12,7% interanual, con especial protagonismo de la segunda mano, que aumentó un 12,8%. Las regiones con mayores incrementos fueron Murcia (14,6%), La Rioja y Aragón (13,7%). El alquiler también sigue esta tendencia: la subida media fue del 2,6% en 2023, y del 4,1% en los nuevos contratos. Paralelamente, las hipotecas registran un aumento de los cambios de titularidad del 62,7%, una cifra que se vincula en gran medida a herencias y sucesiones, procesos donde las viviendas acaban, muy a menudo, en manos de propietarios de mayor edad.

Con los precios en ascenso y un esfuerzo económico cada vez mayor por parte de los inquilinos, el riesgo de impago se intensifica. Para los propietarios sénior, este riesgo es especialmente crítico: dependen en mayor grado del alquiler como complemento a su pensión y suelen tener menos capacidad económica para asumir largos periodos sin ingresos o enfrentarse a procedimientos jurídicos prolongados. En este sentido, recalcan los expertos, es fundamental contar con garantías que protejan a los arrendadores frente a impagos y que cuenten con coberturas jurídicas, sobre todo en las grandes ciudades como Valencia. En este sentido destaca el servicio de alquiler garantizado, mejor que un seguro de impago de alquiler en Valencia. El mismo ofrece cobertura en caso de impago hasta la recuperación del inmueble, además de protección jurídica integral, desde la reclamación de las cuotas pendientes hasta el lanzamiento de los inquiokupas, si fuera el caso.

Las dificultades de gestión que afrontan los arrendadores sénior

Más allá de la dependencia económica del alquiler, este colectivo se enfrenta a una serie de dificultades que aumentan su vulnerabilidad. Principalmente, por los procesos judiciales complejos. Las reclamaciones de impago, las gestiones en juzgados o la participación en procedimientos por ocupación son trámites exigentes que requieren conocimientos y capacidad de seguimiento. Para muchos propietarios mayores, estas gestiones son especialmente difíciles. A ello se suma la falta de acompañamiento especializado ya que, en la mayoría de los casos, el arrendador sénior se enfrenta solo a incidencias contractuales, requerimientos y documentación que pueden resultar abrumadores en su etapa vital.

Otro aspecto relevante es el impacto emocional del impago. Y es que, para quienes cuentan con el alquiler como un complemento significativo de su pensión, cada retraso o impago genera preocupación e inestabilidad económica. Sin olvidar la mayor exposición por falta de rotación: al ser el colectivo más numeroso dentro de los propietarios, también acumulan la mayor cantidad de situaciones problemáticas asociadas al arrendamiento. Todos estos factores, en su conjunto, convierten a los arrendadores sénior en uno de los grupos más expuestos del mercado del alquiler residencial.