La Generalitat da de baja en un año a 12.000 viviendas turísticas que no cumplían la normativa
Se cumple el primer año de vigencia del nuevo decreto del Consell sobre apartamentos turísticos. Turismo prepara otras 7.000 bajas.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, valoró de forma positiva el primer año de aplicación del decreto-ley 9/2024, que regula las viviendas de uso turístico (VUT) en la Comunitat Valenciana. Una normativa que este viernes, 8 de agosto, cumple un año desde su entrada en vigor y que según señaló la consellera “ha supuesto una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía”.
Cano destacó que la norma “ha permitido avanzar en la legalidad, control y sostenibilidad de las viviendas turísticas, combatiendo el intrusismo y mejorando la convivencia ciudadana”, en un contexto de crecimiento continuo de esta modalidad de alojamiento.
La titular de Turismo informó que “en el primer año desde la entrada en vigor del decreto, 8.579 nuevas viviendas turísticas se han inscrito en el Registro de Turismo, lo que representa casi el doble que en el periodo anterior”. Solo entre enero y julio de 2025 se han sumado 4.688 viviendas: 3.391 en la provincia de Alicante, 1.506 en la de Valencia y 791 en la provincia de Castellón. La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 94.259 VUT registradas oficialmente.
Asimismo, Cano resaltó que “la Generalitat ha desarrollado un ambicioso plan de depuración del Registro, que ha permitido dar de baja ya a 11.952 viviendas que no cumplían con los nuevos requisitos, como la falta de referencia catastral o NIF”. La consellera ha recordado que actualmente está en marcha una tercera fase con más de 7.000 bajas previstas, y avanzó que la previsión es que a finales de 2025 el registro esté completamente actualizado y depurado.
“Otro de los principales avances del nuevo marco normativo ha sido la delegación de la potestad sancionadora en los ayuntamientos”, dijo Marián Cano, quien ha afirmado que “mediante un convenio marco firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), destinos como València, Benidorm, Faura, la Font d’en Carròs, Piles y Ayora ya se han adherido”.
En esta línea, comentó que “solo València ha recaudado más de 30.000 euros en sanciones durante el primer trimestre de aplicación de la medida”. Además, desde la Dirección General de Turismo se han desarrollado jornadas formativas y acciones de acompañamiento técnico para facilitar su implementación local.
Refuerzo del control e inspecciones
Por otro lado, la responsable de la política turística del Consell ha indicado que “el Plan de Inspección Turística 2024 ha intensificado la vigilancia sobre las VUT, con un aumento del 33 % en las inspecciones, y más de 450 actuaciones en el marco del programa contra el intrusismo y la economía sumergida”.
Además, puso especial hincapié en que “durante 2025, se han introducido inspecciones aleatorias a este tipo de viviendas, para verificar el cumplimiento de requisitos como la declaración responsable, la referencia catastral individualizada o la compatibilidad urbanística. El objetivo es aplicar escrupulosamente la Ley y garantizar la oferta regulada”, añadió Cano.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, valoró de forma positiva el primer año de aplicación del decreto-ley 9/2024, que regula las viviendas de uso turístico (VUT) en la Comunitat Valenciana. Una normativa que este viernes, 8 de agosto, cumple un año desde su entrada en vigor y que según señaló la consellera “ha supuesto una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía”.
Cano destacó que la norma “ha permitido avanzar en la legalidad, control y sostenibilidad de las viviendas turísticas, combatiendo el intrusismo y mejorando la convivencia ciudadana”, en un contexto de crecimiento continuo de esta modalidad de alojamiento.
La titular de Turismo informó que “en el primer año desde la entrada en vigor del decreto, 8.579 nuevas viviendas turísticas se han inscrito en el Registro de Turismo, lo que representa casi el doble que en el periodo anterior”. Solo entre enero y julio de 2025 se han sumado 4.688 viviendas: 3.391 en la provincia de Alicante, 1.506 en la de Valencia y 791 en la provincia de Castellón. La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 94.259 VUT registradas oficialmente.
Asimismo, Cano resaltó que “la Generalitat ha desarrollado un ambicioso plan de depuración del Registro, que ha permitido dar de baja ya a 11.952 viviendas que no cumplían con los nuevos requisitos, como la falta de referencia catastral o NIF”. La consellera ha recordado que actualmente está en marcha una tercera fase con más de 7.000 bajas previstas, y avanzó que la previsión es que a finales de 2025 el registro esté completamente actualizado y depurado.
“Otro de los principales avances del nuevo marco normativo ha sido la delegación de la potestad sancionadora en los ayuntamientos”, dijo Marián Cano, quien ha afirmado que “mediante un convenio marco firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), destinos como València, Benidorm, Faura, la Font d’en Carròs, Piles y Ayora ya se han adherido”.
En esta línea, comentó que “solo València ha recaudado más de 30.000 euros en sanciones durante el primer trimestre de aplicación de la medida”. Además, desde la Dirección General de Turismo se han desarrollado jornadas formativas y acciones de acompañamiento técnico para facilitar su implementación local.
Refuerzo del control e inspecciones
Por otro lado, la responsable de la política turística del Consell ha indicado que “el Plan de Inspección Turística 2024 ha intensificado la vigilancia sobre las VUT, con un aumento del 33 % en las inspecciones, y más de 450 actuaciones en el marco del programa contra el intrusismo y la economía sumergida”.
Además, puso especial hincapié en que “durante 2025, se han introducido inspecciones aleatorias a este tipo de viviendas, para verificar el cumplimiento de requisitos como la declaración responsable, la referencia catastral individualizada o la compatibilidad urbanística. El objetivo es aplicar escrupulosamente la Ley y garantizar la oferta regulada”, añadió Cano.









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