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Viernes, 25 de Julio de 2025

La consellera Martínez inaugura el Palacio de Justicia de Gandia que acaba con la dispersión de juzgados

El edificio, que se puso en servicio hace cuatro meses, es un proyecto que viene de la anterior legislatura y ha supuesto una inversión de 22,3 millones. Un centenar de personas, pensando que iría Mazón, protesta a las puertas.

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La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, visitó este viernes el nuevo Palacio de Justicia de Gandia, una infraestructura que “consolida el compromiso firme del Consell con una justicia moderna, eficiente, accesible y más cercana al ciudadano. Esta actuación nos permite avanzar hacia un modelo judicial más moderno y ágil, dotado con los medios humanos y materiales de excelencia que la Comunitat Valenciana merece y necesita”.

 

Durante su intervención, Nuria Martínez destacó que “Gandia cuenta con una sede judicial moderna, funcional, sostenible y completamente accesible. Un edificio que pone fin a la dispersión en cinco sedes distintas, al unificar en un solo edificio los 11 órganos judiciales y la Fiscalía del área”, y ha definido esta actuación como “una inversión de presente y de futuro, que sitúa a Gandia como referente en la transformación de la justicia valenciana”.

 

“El nuevo Palacio de Justicia se convierte en uno de los edificios judiciales más importantes realizados en la Comunitat Valenciana en las últimas décadas. Una actuación ambiciosa, con una inversión global que supera los 22,3 millones de euros, y que da servicio alrededor de 157.000 personas de Gandia y otros 27 municipios de la zona”. 

 

Asimismo, Martínez subrayó que la nueva sede es “una infraestructura judicial propia del siglo XXI”, que ocupa más de 16.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, e incluye salas de vistas, calabozos, zona de registro civil, gabinetes especializados y un aparcamiento con 84 plazas para el personal.

 

Por otro lado, añadió que “corrige disfunciones pasadas, responde a las necesidades presentes y está preparado para las futuras, como la ampliación de la planta judicial de Gandia con un nuevo juzgado de Primera Instancia y otro de Instrucción, cuya creación ya ha planteado la Conselleria de Justicia en la Comisión Mixta”.

 

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Martínez hizo hincapié en que “este nuevo Palacio de Justicia representa una nueva etapa. Es la materialización de una justicia al servicio de la ciudadanía, con medios suficientes, tecnología adecuada, infraestructuras del siglo XXI y profesionales comprometidos”.

 

La nueva sede judicial no es solo un edificio más moderno, también ofrece una atención integral y digna a las víctimas de delitos, especialmente a mujeres víctimas de violencia de género.  En esta línea, la consellera destacó que “las víctimas cuentan con un espacio específico para ayudarles, que incluye una Oficina de Atención a las Víctimas, Unidad de Valoración Forense Integral, clínica médico forense y gabinete psicosocial”.

 

Protestas 
La visita de la consellera, anunciada ayer por la tarde para las 8.45 horas, ha estado marcada por protestas de un centenar de personas que desde las ocho de la mañana se habían apostado para criticar a Mazón y al Consell. Los manifestantes esperaban que acudiera el presidente de la Generalitat.  Entre los manifestantes había cargos del PSPV-PSOE y las dos concejalas de Compromís, Alícia Izquierdo y Esther Sapena, que no han participado de la visita dentro. Sólo las personas acreditadas, incluidos medios de comunicación, han podido acceder al interior para esta visita con la consellera. 

 

Por otra parte, en cuanto al edificio, los trabajadores se quejan de que apenas hay cobertura de teléfonos móviles en su interior, y tampoco un servicio de “vending” de máquinas expendedoras de bebida o de café. También hay quejas por el estado asalvajado y con cañas de las solares anexos.

 

Además, la memoria del TSJ, recientemente presentada, apunta que se deberían ampliar los Juzgados de Primera Instancia nº 7, 8, 9, 10 y 11, y también el Juzgado de Instrucción nº 4 Gandia. 

 

La consellera no hizo mención sobre qué usos o destino tendrán los ya viejos juzgados, en el distrito de Roís de Corella, propiedad de la Generalitat. El traslado ha privado al barrio de un considerable impacto económico, especialmente sobre la hostelería y el comercio. 

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