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Las fuertes precipitaciones e inundaciones que azotaron España en octubre de 2024 ha supuesto un auténtico terremoto para la administración además de dejar desoladas muchas zonas de España, especialmente Valencia. El impacto de la DANA en la contratación pública se ha hecho más que patente por la velocidad  a la que las instituciones han tenido que movilizar recursos. En solo tres meses, se han tramitado más de mil expedientes de contratación y se han invertido más de 413 millones de euros en la reconstrucción de infraestructuras, atención a damnificados y servicios de emergencia. Este despliegue administrativo ha puesto a prueba la capacidad de reacción del sector público, evidenciando sus fortalezas, pero también sus carencias. ¿Hasta qué punto ha afectado a la contratación pública? ¿Se han agilizado los procesos o, por el contrario, han salido a la luz las limitaciones del sistema? 

Urbanismo "insostenible", el principal responsable del desastre

El factor que más ha agravado las consecuencias de la DANA ha sido la mala planificación urbanística. Durante años, se han otorgado licencias para construir en zonas inundables, muchas veces ignorando informes técnicos que alertaban del riesgo. Ahora, las consecuencias son evidentes. La destrucción de infraestructuras no ha sido solo fruto de la fuerza del agua, sino también del desorden urbanístico y la falta de previsión. Si bien la reconstrucción es prioritaria, lo realmente urgente es cambiar el modelo urbanístico para evitar que una situación así se repita. La administración pública debe tomar medidas drásticas, revisar los planes urbanísticos y endurecer las normativas de construcción en zonas de riesgo. 

La contratación de emergencia: rapidez, pero no a cualquier precio

Cuando se desata una catástrofe de esta magnitud, las administraciones no pueden permitirse perder el tiempo con trámites burocráticos interminables. De ahí que la mayoría de contratos públicos ante la DANA se haya llevado a cabo por la vía de la contratación de emergencia. Este tipo de contratos previstos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 permiten omitir procedimientos habituales y adjudicar directamente servicios y suministros esenciales. En la práctica, esto se ha traducido en la contratación inmediata de empresas para la limpieza de calles, retirada de escombros y reparación urgente de carreteras y puentes. 

Sin embargo, esta agilidad tampoco es la panacea, ya que pueden dar pie a opacidad y falta de control. Al eliminar ciertos controles y mecanismos de fiscalización, se abre la puerta a posibles irregularidades. No es la primera vez que en situaciones de emergencia se detectan adjudicaciones dudosas o sobrecostes difíciles de justificar. ¿Ha sucedido en este caso? Es pronto para decirlo, pero el riesgo está ahí.  La solución pasa por encontrar un equilibrio entre agilidad y transparencia. Una de las opciones que se han planteado es la digitalización total de los procesos de contratación pública, permitiendo una mayor automatización y reduciendo los tiempos de respuesta sin perder garantías. También se ha hablado de crear equipos especializados en emergencias dentro de la administración, con la formación y herramientas necesarias para actuar con rapidez sin comprometer la legalidad.

Los contratos menores y su papel en la reconstrucción

Otro mecanismo que ha ganado protagonismo en esta crisis han sido los contratos menores. Se trata de procedimientos simplificados para adjudicar obras, servicios o suministros sin necesidad de licitación, siempre que no superen los 40.000 euros en obras o los 15.000 en servicios. En los tres meses que duró la emergencia, se firmaron 517 contratos de este tipo por valor de más de 76 millones de euros. Su principal ventaja es la rapidez, pero también generan debate: aunque en teoría deben utilizarse con moderación y justificación, su uso masivo en este contexto ha generado dudas sobre si realmente se ha garantizado la transparencia. En una situación normal, una obra pública debe pasar por un proceso de licitación que asegure la mejor oferta, pero cuando hay que actuar con urgencia, estos mecanismos se relajan. La pregunta es si después habrá una revisión de estas adjudicaciones para evitar abusos o si quedarán en el olvido.

La prevención, el gran reto pendiente en la gestión pública

Si algo ha quedado claro con esta catástrofe es que la prevención no ha sido una prioridad en la gestión pública. La falta de mantenimiento en cauces fluviales, la insuficiencia de sistemas de alerta temprana y la escasa inversión en infraestructuras de drenaje han sido factores determinantes en la magnitud del desastre. Las Confederaciones Hidrográficas, responsables del mantenimiento de ríos y barrancos, han sido señaladas por no haber actuado a tiempo, pese a que existían informes previos alertando del riesgo, así como el sistema de alertas ES-Alert, que tampoco ha funcionado como debería, con avisos que llegaron tarde o no fueron lo suficientemente precisos. 

La lección es clara: invertir en prevención cuesta menos que reparar los daños después, pero parece que esta idea todavía sigue sin calar del todo en la gestión pública a gran escala. Aunque, por suerte, a pequeña escala los cambios empiezan a notarse: solo unas semanas después de lo ocurrido en Valencia, en la provincia de Málaga se enviaron alertas y cerraron los colegios en previsión de la llegada de la segunda DANA. Y, aunque no pudieron evitarse los daños estructurales, no hubo que lamentar muertos.