Adensva lamenta que el Consell ayude con 1 millón de euros a Iberdrola para corregir tendidos peligrosos para aves

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (Adensva) ha sido conocedora de una reciente resolución publicada el Diari Oficial de la Generalitat con fecha de 8 de enero de 2025, mediante la cual se conceden ayudas para la corrección de tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna.  Desde la asociación apuntan que “la Conselleria de Medio Ambienta ha tardado más de un año en emitir esta resolución desde que, en diciembre de 2023, se hiciera pública la convocatoria. 

“Y el resultado no ha podido ser más clarividente: Iberdrola (llamada ahora I-DE Redes Inteligentes S.A.U.) se va a embolsar 1.682.782 euros, el 75% de los algo más de 2 millones de fondos NextGenerationEU destinados a este asunto para toda la comunidad autónoma”. 

La asociación lamenta que “una vez más, la administración pública valenciana se alinea con una de las empresas más lucrativas del país, y ya no sólo no abre los correspondientes expedientes sancionadores por las muertes de aves protegidas que ocasionan sus instalaciones eléctricas defectuosas, sino que la hace la máxima destinataria de una ayuda pública al objeto de corregir estos defectos, tipificados como “graves, y muy graves” en la normativa sectorial. Y todo ello, llevado a cabo en nombre del medio ambiente y de la biodiversidad.

Según Adensva, este tipo de ayudas “deberían ir destinadas, única y exclusivamente, a propietarios particulares o pequeñas entidades sin ánimo de lucro como cooperativas o asociaciones, que no se dedican profesionalmente a la distribución y comercialización de electricidad, sino que tienen en propiedad un pequeño tendido eléctrico por pura necesidad para poder abastecer a una granja, un pozo de riego o a una pequeña población rural”. 

Explica la entidad que “estos tendidos eléctricos, constituidos habitualmente por un único apoyo de fin de línea, o bien unas pocas unidades o decenas de ellos, se encuentran repartidos por todo el territorio valenciano, y su número aproximado podría ascender a más de 10.000”. 

“Además, suponen un alto riesgo para la avifauna, dado que es habitual que los transformadores fin de línea tengan elementos en tensión cercanos a los puntos donde se suelen posar las aves, lo que causa numerosas electrocuciones. Parecería adecuado, por tanto, que la administración pública valenciana destinara este tipo de ayudas a corregir el máximo número posible de estas pequeñas instalaciones, cuyos numerosos propietarios podrían tener dificultades para sufragar los costes de las reparaciones exigidas, al no dedicarse profesionalmente a ello”. 

Pero este procedimiento no ha sido así desde el momento en que, tal y como refleja la resolución publicada, dentro del plazo establecido únicamente se recibieron 71 solicitudes a través de la Sede Electrónica. “Parece ser que la inmensa mayoría de los propietarios ni siquiera ha solicitado la ayuda, por lo cual algo ha fallado, bien en la difusión de la convocatoria, bien en el interés de los propietarios, bien en ambos aspectos”.

 
Continúa Adensva que el resultado de esta concesión de dinero a Iberdrola “no ha sido fruto de la casualidad, sino que, desde el momento en que se publicaron las bases para poder optar a las ayudas, ya se intuía que la empresa de distribución eléctrica dominante en la Comunitat Valenciana, se podría llevar un buen montante”. 

El resultado es que Iberdrola va a recibir, exactamente, el 75% del importe total existente. Además, a un total de 9 entidades entre las que se encuentran ayuntamientos, cooperativas, asociaciones y otras empresas distribuidoras, les ha sido denegada la subvención por haberse agotado los fondos de la convocatoria.

"Quien contamina paga" 

Con la concesión de esta ayuda, Adensva trae a colación el artículo 45 de la Constitución Española, mediante el cual se ordena a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, estableciendo para quienes violen lo anterior, en los términos que la ley fije, las sanciones penales y administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Estos preceptos constitucionales se enmarcan dentro del principio “quien contamina, paga” de la Unión Europea, y vienen desarrollados en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, aplicable en toda España. 

A ello se suma la Sentencia 1215/2021 del Tribunal Supremo, que clarifica que la administración pública en materia de industria debería exigir a los titulares subsanar los defectos de sus líneas eléctricas en cuanto al riesgo de electrocución que suponen para la fauna. 

Con estos preceptos, “los poderes públicos deberían exigir las máximas garantías de prevención y evitación de los daños medioambientales que producen, por supuesto, sufragando sus propios costes. Sin embargo, una vez más, el principio que impera para la administración pública valenciana en este sentido es “quien contamina, cobra”.

 
Por todo ello, concluye Adensva que “regalar dinero público proveniente de todos los contribuyentes europeos a una gran distribuidora eléctrica como Iberdrola, para que cumpla con sus obligaciones legales que emanan precisamente del espíritu comunitario, es una auténtica burla al estado de derecho y a la democracia”. La entidad conservacionista anuncia, además, que recurrirá la resolución y pedirá su nulidad por inconstitucionalidad.