El Consell Escolar Municipal de Gandia pide a la Conselleria la retirada de la consulta sobre la lengua base en los centros

El Consell Escolar Municipal de Gandia, reunido con carácter extraordinario y urgente el martes pasado, acordó solicitar a la Conselleria, a propuesta de la Federación de AMPAS de Gandia, la retirada de la consulta para elegir la lengua base aplicable a partir del curso académico 2025-2026 en los centros. 

Esta consulta se establece en la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la cual se regula la libertad educativa. El Consell Escolar Municipal de Gandia considera que esta ley “segrega y fomentan divisiones innecesarias entre los estudiantes, las familias y la comunidad educativa”. 

 
Asegura que tampoco se garantiza plaza en la opción elegida por las familias como lengua base de enseñanza, lo que puede vulnerar los objetivos de la propia «Ley de libertad educativa» y la Ley de uso y enseñanza del valenciano, en los aspectos relacionados, ya que en caso de no existir plazas, el centro decide dónde escolariza al alumnado.

Considera que se produce “una absoluta desprotección en caso de error a la hora de cumplimentar los ítems, porque no existen mecanismos propios de la admisión, como las reclamaciones en las listas o las comisiones de escolarización”. 

Además, en caso de error, duplicidad o de diversidad de opciones entre ambos progenitores o tutores, “la familia pierde el derecho a elegir la lengua base de enseñanza, y debe resolver la administración que, en ningún caso, contabiliza dentro de los porcentajes de participación las opciones de ambos progenitores, por lo que no está garantizada la capacidad de elección del proyecto lingüístico por las familias”.   

Añade que no contendrían las garantías democráticas de procesos de participación, deliberación y decisión individuales que son vinculantes, “puesto que no existen órganos de supervisión, más allá de la administración (un quórum mínimo de participación de familias para ser válida la consulta, constitución de mesas electorales, etc.). Tampoco existe la privacidad y confidencialidad de la decisión al publicarse los resultados y lo que cada familia ha elegido en el tablón de anuncios”. 

En definitiva, “promueve un modelo lingüístico que no actúa sobre las carencias para garantizar la igualdad de aprendizaje y dominio de las dos lenguas oficiales al terminar la educación básica”. 

Por último, se imposibilita a los centros a garantizar la heterogeneidad de los grupos del mismo nivel, “ya que podremos encontrarnos en situaciones en las que las familias con niños y niñas con necesidades educativas especiales, necesidades de compensatoria, incluso del mismo género, elijan la misma lengua base y deban ir todos al mismo grupo”.