El exalcalde de Gandia Arturo Torró será juzgado en diciembre por el 'caso Tele 7'

La sección quinta de la Audiencia Provincial de València ha fijado del 12 al 21 de diciembre para celebrar el juicio por el ‘caso Tele 7’, en el que se sentará en el banquillo el exalcalde de Gandia Arturo Torró, del PP, además de otros seis acusados. La Fiscalía pide una pena de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Será la primera vez que un alcalde de Gandia se somete a un juicio penal. 

Los hechos se produjeron entre los años 2011 y 2015, pero la causa se abrió en 2014 a raíz de una denuncia presentada por los entonces concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell.  Se juzgará el presunto trato de favor a dos televisiones privadas, con contratos firmados por la empresa pública IPG por valor de 1,5 millones de euros a cada una para que emitieran programación local, algo que de por sí ya debían hacer con la licencia en vigor. Una de esas televisiones, Tele 7, pertenecía, supuestamente, al propio alcalde, o a sus testaferros. Todo esto se produjo después de haber cerrado previamente la televisión pública, Gandia TV. 

En 2012 Comarques Centrals TV decidió rescindir unilateralmente el contrato, pero a pesar de ello la empresa pública le abonó cerca de 500.000 euros como indemnización. Con el cambio de alcaldía, tras las elecciones de 2015, el Ayuntamiento de Gandia se personó también como acusación.

Junto a Arturo Torró también están acusados el administrador de Comarques Centrals Televisió, Ricardo Manuel Faura, para quien el fiscal pide 8 años de prisión, por fraude y malversación, además de Javier Reig, que fue jefe de gabinete de Torró, el concejal Toni Abad, José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez, para los que también se piden penas de prisión, además de la que fuera jefa de servicio de Actividades Empresariales Municipales, Cristina Serrano Mateo. Por estos mismos hechos el exalcalde Torró fue condenado a pagar 350.000 euros por el Tribunal de Cuentas, que debe ingresar al Ayuntamiento de Gandia.