Gandia ofrece una pensión al vecino desahuciado en el edificio de la calle Perú

Finalmente la comisión judicial ha desahuciado esta mañana a Francisco Borrull, el vecino que residía en una vivienda en el edificio de la calle Perú, 57, en Gandia, un bloque que es de propiedad municipal. Activistas de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) se han concentrado a las puertas del inmueble para evitarlo, pero el proceso ha seguido adelante. 

Sobre este caso concreto, el Ayuntamiento de Gandia ha emitido un extenso comunicado en el que puntualiza varios aspectos. En primer lugar, fuentes municipales señalan que el inmueble “fue ocupado en su día por esta persona de manera ilegal”, y recuerdan que “una administración local no tiene capacidad ni competencia para realizar este tipo de procesos. El desahucio que hoy estaba previsto es fruto de un proceso judicial y una sentencia que el Ayuntamiento de Gandia como administración pública debe cumplir”. 

El Consistorio añade que, a pesar de la okupación, “desde el primer momento se ha buscado una solución para esta persona, los Servicios Sociales han estado y están en contacto permanente con él. Prueba de ello es que se le ha ayudado a conseguir el ingreso mínimo vital, una ayuda que se ve complementada cada mes con la Renta Valenciana”. Estas ayudas, añaden las fuentes, “están supeditadas a la búsqueda de una alternativa habitacional y a la realización de cursos que le permitan formarse y encontrar un trabajo que haga posible superar la situación que atraviesa actualmente”. 

Sin embargo, “a pesar de los intentos de las trabajadoras sociales, esta persona no ha mostrado ninguna intención de revertir la situación en la que se encuentra faltando de forma reiterada y sin explicación a las citas concertadas con las técnicas de inserción sociolaboral, concretamente los días 31/03/2022, 05/04/2022, 06/04/2022 y 28/04/2022”. 

No se dan casas por decreto

Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia señala que “siempre respetará el orden de prelación de los demandantes de viviendas municipales y no privilegiará a nadie. La obligación de la administración es velar por la igualdad de sus ciudadanos y más aún con aquellos que atraviesan situación de exclusión social. Ni el alcalde ni ningún cargo público tienen la capacidad para otorgar una vivienda por decreto. Esta asignación de viviendas se realiza en función de criterios técnicos y baremos establecidos y reglados por los funcionarios municipales”. 

Durante esta semana los Servicios Sociales han ofrecido solución habitacional al afectado, “pero en estos momentos, exige también que se aporte una solución a la situación de otra persona, de la que el Ayuntamiento desconoce su existencia o situación”. Por último, los Servicios Sociales le han ofrecido hoy mismo alojarse en una pensión abonada por el Consistorio hasta que encuentre una alternativa.