Querido lector: Imagínese que van conduciendo y para su vehículo en el carril bus con la mala fortuna que derriba a un peatón, que cruza indebidamente la calzada, causándole con la caída una herida que necesita unos puntos de sutura. Es este caso nos encontraríamos con dos imprudencias, la suya como conductor y la del peatón, y una única  infracción grave de la norma de tráfico por parte del conductor que es usted.

 
En el inminente periodo de sesiones, tras la toma en consideración de una proposición de ley el pasado diciembre, el Congreso legislará sobre una reforma del Código Penal propuesta por el PSOE por la  que la imprudencia del peatón, de la víctima, no será tenida en consideración por parte de los jueces y, por tanto, devaluará su imprudencia menos grave, la del conductor que podría ser responsable de un delito de lesiones por imprudencia menos grave acumulando unos injustos antecedentes penales.

Una auténtica barbaridad propuesta por los mismos que no hacen absolutamente nada desde el Gobierno para frenar la mayor subida de la inflación de los últimos treinta años. Este ejemplo seria suficiente para comprobar que con esta propuesta los de Sánchez menoscaban todas las garantías de las personas que se ven involucradas en un accidente de tráfico creando una autentica indefensión a los ciudadanos. Ya que al pretender eliminar el inciso que alude a la necesidad de que el juez aprecie la entidad de la imprudencia se cargan la garantía de que no se automatice la aplicación de sanciones administrativas a sanciones penales.

 
Conviene recordar que en la actualidad tenemos una adecuada tutela penal del tráfico viario gracias a la reforma prudente y moderada del Código Penal impulsada por el Partido Popular en 2017 que fue consensuada y votada por más del 80% de los diputados con la única oposición de los comunistas y la abstención de los de Bildu.

La reforma de 2017 planteada por los Populares partiendo del principio de intervención mínima del derecho penal reforzó y aumentó la respuesta penal en el tráfico viario poniendo en valor la tutela penal y a las víctimas de la siniestralidad vial, y dando una respuesta más adecuada y más firme ante hechos y comportamientos intolerables y censurables que atentan contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

 
La reforma propuesta denota el fracaso del Gobierno de Sánchez, que con tres ministros de Justicia desde que llegó a la Moncloa tras la injusta moción de censura, ha demostrado que no tiene ningún interés en formular una solución ágil para la tramitación de los accidentes de tráfico dentro del ámbito de la responsabilidad exclusivamente civil. 

 
Camino de cuatro años en La Moncloa, Sánchez ha tenido tiempo para indultar a sus socios independentistas condenados por sedición y malversación, pero no para dar una respuesta por la vía civil a las víctimas de la siniestralidad vial. Un fracaso que el PSOE trata ahora de enmascarar convirtiendo a los juzgados de instrucción en herramientas automáticas de tramitación de siniestros viales. ¡De juzgado de guardia!