El Tribunal de Cuentas condena a Torró a devolver 283.125 € al Ayuntamiento de Gandia por el 'caso Tele7'
La sentencia considera que el exalcalde popular pagó una factura con dinero público a Comarques Centrals Televisió cuando la empresa ya había renunciado al convenio para difundir programación local. Este fallo se une a la causa que lleva la Fiscalía y por la que se le piden penas de prisión.
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El Tribunal de Cuentas ha condenado al exalcalde de Gandia Arturo Torró, del PP, a devolver al Ayuntamiento 283.125 euros, así como los intereses generados desde 2015, por abonar una factura a Comarques Centrals Televisió a pesar de que esta empresa ya había manifestado su decisión de renunciar al convenio municipal de difundir programación local, un contrato por el que recibió más de 3 millones de euros durante la legislatura 2011-2015.
La causa forma parte del llamado “caso Tele7”. De forma paralela a este fallo la Fiscalía pide para Torró 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración. En esta causa también está personado el Ayuntamiento de Gandia.
Según la resolución del Tribunal de Cuentas, Torró “adoptó una decisión claramente perjudicial para el interés público sin ajustarse al canon de diligencia cualificado que se le exigía”, lo que supuso “un menoscabo efectivo y un perjuicio económico en los fondos de la empresa municipal IPG y en los del Ayuntamiento de Gandia”. El exalcalde del PP recurrirá la sentencia, y el Ayuntamiento lo estudia. El tribunal absuelve al que fuera gerente de IPG, Gonzalo Morant, por haber prescrito las conductas presuntamente irregulares. Anteriormente también había quedado fuera de la causa Javier Reig.
El Tribunal de Cuentas ha condenado al exalcalde de Gandia Arturo Torró, del PP, a devolver al Ayuntamiento 283.125 euros, así como los intereses generados desde 2015, por abonar una factura a Comarques Centrals Televisió a pesar de que esta empresa ya había manifestado su decisión de renunciar al convenio municipal de difundir programación local, un contrato por el que recibió más de 3 millones de euros durante la legislatura 2011-2015.
La causa forma parte del llamado “caso Tele7”. De forma paralela a este fallo la Fiscalía pide para Torró 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración. En esta causa también está personado el Ayuntamiento de Gandia.
Según la resolución del Tribunal de Cuentas, Torró “adoptó una decisión claramente perjudicial para el interés público sin ajustarse al canon de diligencia cualificado que se le exigía”, lo que supuso “un menoscabo efectivo y un perjuicio económico en los fondos de la empresa municipal IPG y en los del Ayuntamiento de Gandia”. El exalcalde del PP recurrirá la sentencia, y el Ayuntamiento lo estudia. El tribunal absuelve al que fuera gerente de IPG, Gonzalo Morant, por haber prescrito las conductas presuntamente irregulares. Anteriormente también había quedado fuera de la causa Javier Reig.
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