La jueza archiva la denuncia que puso Torró por la liquidación de la empresa IPG

El Juzgado de Instrucción n.º 3 de Gandia ha archivado la denuncia que interpuso el pasado mes de marzo el exalcalde del PP, Arturó Torró, contra la actual alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, y otros cargos de la extinta Iniciatives Públiques de Gandia (IPG).   La jueza ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones por “no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado a la formación de la causa”, y argumenta que los datos aportados “no son indicios racionales, verosímiles y suficientes de delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos”.

La jueza también sostiene que Arturo Torró se sustentó en conjeturas o sospechas, y le contesta que el proceso penal “no puede convertirse en una suerte de ‘juicio universal’ en el que se puedan iniciar y practicar diligencias a conveniencia, tendentes a efectuar una suerte de auditoría penal”. Por eso, insta al exalcalde del PP a que ofrezca “un mínimo indicio objetivo por el posible delito que se pudiera haber cometido, sin meras sospechas o hipótesis”.

Sobre este archivo, el portavoz socialista José Manuel Prieto ha señalado que en el Gobierno de izquierdas “siempre actuamos de acuerdo con la ley, con la Intervención y la asesoría jurídica, y con la escrupulosidad de saber que hacíamos lo que teníamos que hacer para arreglar los marrones, los líos económicos y las ilegalidades del Gobierno de Arturo Torró, a quien sí que se le piden, y no a nosotros, responsabilidades por su gestión”. Prieto considera que “la denuncia era una cortina de humo para desviar la atención de los casos judiciales que, esos sí, le piden responsabilidades a Arturo Torró por su gestión municipal”.