Puig anuncia una ley para evitar el clientelismo en las ayudas a los municipios

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, inició el curso político con una reunión con el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, a quien trasladó su voluntad de regular por ley el Fondo de Cooperación Municipal para dotar de estabilidad a este instrumento de financiación de las entidades locales recogido en el Estatuto de Autonomía.

En este sentido, la finalidad que se persigue desarrollando estatutariamente este Fondo y confiriéndole rango de ley es facilitar que los recursos que aportan tanto la Generalitat como las diputaciones se distribuyan conforme a criterios objetivos entre los municipios con el fin de evitar su entrega de forma discrecional, así como asegurar la mejora de la financiación local.

Estos criterios objetivos se verán, por tanto, reflejados en la futura ley, e incluirán factores nuevos para repartir las cantidades del fondo como la despoblación, además de permitir que puedan ampliarse las cantidades que las instituciones destinan a estas ayudas, o incluso que se destinen fondos complementarios.

Se trata de una medida que responde a lo establecido en el artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat respecto a la coordinación entre las corporaciones provinciales y la Generalitat, y con ella se otorgará rango de ley a esta forma de cooperación interadministrativa. Asimismo, con el inicio del nuevo curso político se retomará el trabajo de las comisiones de trabajo sobre la transferencia de competencias y presupuestos, que se reunirán de nuevo para continuar con su labor.

En los próximos dos días, Puig continuará con esta ronda de contactos con los dirigentes provinciales y se reunirá, este martes, con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el miércoles, con el de la Diputación de Castelló, José Martí.

El Fondo de Cooperación Municipal se puso en marcha durante la legislatura anterior con la finalidad de aportar recursos con criterios objetivos a los municipios para que puedan realizar inversiones con total autonomía de decisión. Durante los últimos ejercicios, la Generalitat ha destinado 40 millones de euros anuales para mejorar la autonomía y financiación local, que se han distribuido de forma incondicionada y con criterios de población ponderados para beneficiar a los ayuntamientos más pequeños.