El primer atropello grave con un patinete eléctrico en Gandia, el pasado 24 de marzo a las nueve de la mañana en una calle peatonal del centro, ha reabierto el debate sobre la necesidad de regular estos vehículos, que no están propulsados a motor, y que han proliferado por toda España. 

Los patinetes ya no son sólo cosa de niños o adolescentes. La tecnología eléctrica y su precio asequible, en torno a los 300 euros, les ha dado una nueva dimensión como aparatos cómodos para desplazarse por la ciudad, por lo que ha aparecido un nuevo perfil de usuario, el de hombres y mujeres de mediana edad que los utilizan, por ejemplo, para ir al trabajo. La realidad, por tanto, ha ido por delante de la norma, y en las grandes ciudades cientos de patinetes circulan sin que todavía exista una legislación clara al respecto.

Cabe recordar que el Gobierno de Gandia, basándose en una instrucción de la DGT, ya prohibió el verano pasado que circularan por la calzada, aunque la ambigüedad es tal que en otras ciudades se permite justamente lo contrario. En Gandia lo deben hacer por las aceras y las vías ciclistas habilitadas, y en las zonas peatonales deben acomodar su marcha. Estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de «Tipo A» tampoco pueden circular a más de 20 km/h, no deben llevar timbre, no deben pesar más de 25 kg ni tener una potencia superior a 0,25 kW. La DGT está ultimando un Real Decreto, aunque la convocatoria electoral retrasará su tramitación.  

Otra cuestión son las llamadas «minimotos» tipo «chopper», que se multiplicaron en la playa de Gandia, sobre todo las de alquiler para turistas. El verano pasado ya hubo polémica por las molestias que ocasionaba la «invasión» de estos aparatos entre las personas que paseaban tranquilamente por la playa. Aquello se cerró a medias, con malestar también de las empresas que se dedican a esta actividad y que invirtieron un dinero, y si el Ayuntamiento no planifica mejor la seguridad vial en este asunto antes de la próxima temporada alta, los problemas podrían volver a repetirse. Las administraciones deben encontrar soluciones que permitan circular a todos sin que se conviertan en un peligro para los demás.