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Miércoles, 17 de Octubre de 2018

Barber pide a la alcaldesa de Gandia que ‘deje de perseguir’ judicialmente a los miembros del PP

El concejal popular opina que Diana Morant “todavía no ha superado que fuera derrotada por Torró en la noche electoral” de mayo de 2015. El edil reacciona así al archivo de la querella por el caso de los créditos a la empresa pública IPG.

Guillermo Barber, en una imagen de archivo.

 

El concejal del Grupo Municipal Popular en Gandia Guillermo Barber, ha pedido al Gobierno local y en concreto a la alcaldesa, Diana Morant, que “deje de perseguir judicial, política y personalmente” a los miembros del PP, y de utilizar para ello “el dinero de todos los contribuyentes para conseguir en los juzgados lo que fueron incapaces de conseguir en la urnas”.

 

A través de un comunicado, el edil hizo estas declaraciones como reacción al archivo por parte de la Audiencia Provincial de la querella que presentó el PSPV-PSOE en la anterior legislatura y a la que después, en junio de 2015, se sumó el nuevo Ayuntamiento, por el caso de las transferencias de crédito a la empresa pública IPG. Este archivo exculpa a quien fuera alcalde, Arturo Torró, y al gerente de IPG, Gonzalo Morant.

 

En opinión de Barber, “desde que Diana Morant logró la Alcaldía, puso en marcha una campaña de descrédito hacia el PP, intentando recuperar en los juzgados lo que no consiguió en la urnas, y enmascarar así su incapacidad al frente de la ciudad y poder justificar la brutal subida d impuestos y otras acciones de su Gobierno”.

 

Barber añade que “ya son cinco las querellas y demandas que ha perdido el Gobierno de Diana Morant contra miembros del PP de Gandia, puesto que la mayoría son denuncias falsas e infundadas, intentando crear un ambiente de judicialización política”. El concejal lamenta “la profunda animadversión de Diana Morant hacia Arturo Torró, ya que no ha superado ser la gran derrotada de la noche electoral”.

 

Guillermo Barber señaló que “en lo que llevamos de legislatura, y sin sumar la cuantía de este último desistimiento, los gastos judiciales por estas causas ya han costado 500.000 euros de dinero público,  que pensamos que debería ser invertido en la ciudad, y no a pagar los anhelos políticos de una alcaldesa incapacitada”.

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