Gandia eleva a 3,3 millones la demanda de responsabilidad social en la empresa pública IPG

La demanda de responsabilidad social presentada por el actual Gobierno de Gandia, con el apoyo de Cs, contra los anteriores gestores de la empresa pública IPG asciende a 3,3 millones de euros. El Juzgado Mercantil de Valencia admitió a trámite la misma, presentada por la junta general de la ya extinta IPG. El Ejecutivo local considera que la gestión del PP generó pérdidas por valor de 28,4 millones a través de diversas operaciones que, a su juicio, se alejaban del objeto social, como la compra del concesionario Citroën, el Mercat del Prado, el alquiler de la discoteca Cocoloco, la llamada “Operación Aplauso” o la inversión publicitaria en medios de comunicación afines.

La intención del actual Gobierno de izquierdas es que el Ayuntamiento de Gandia “recupere el dinero que los anteriores gestores de IPG ocasionaron con su mala praxis”, según apuntaron.  

El exalcalde Arturo Torró contestó a través de un comunicado que la demanda “presenta deficiencias”, se ha admitido “por un automatismo legal, sin revisar el fondo de la cuestión”, y se mostró “tranquilo” porque “decaerá”. Torró añadió que la demanda fue presentada en noviembre de 2017 y no en 2016 “con el fin de que prescribiera cualquier responsabilidad de los Consejos de Administraciones anteriores a la legislatura del PP”, que fue de 2011 a 2015. Además de Torró figuran como demandados Guillermo Barber, Víctor Soler, Javier Reig y Lola Moncho.