Gandia regula en una ordenanza la gestión de viviendas municipales de protección oficial y en alquiler

El concejal de Responsabilidad Social en Gandia, Nahuel González y el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, presentaron la ordenanza reguladora de la gestión de las viviendas y anexos vinculados de titularidad municipal, aprobada el pasado lunes por la Junta de Gobierno Local. El documento ha sido elaborado por los técnicos de los dos departamentos y trabajado en la Mesa de la Vivienda del Consejo de Bienestar Social, con aportaciones individuales, de colectivos y partidos políticos.

"La ordenanza es un compromiso del acuerdo de gobierno entre ambas fuerzas políticas, que daba prioridad al derecho a la vivienda a las personas más vulnerables. Por otra parte, buscamos pasar de una situación de inmovilismo de la desaparecida empresa pública IPG, que supuestamente gestionaba la vivienda, a regular su uso. Demostramos el compromiso con la vivienda social y municipal, por eso durante la liquidación de IPG no vendimos las viviendas, sino que los recuperamos desde el Ayuntamiento para la ciudadanía que más los necesita”, apuntó González.

El edil también explicó que la ordenanza establece el procedimiento para poder adjudicar las dos tipologías: las viviendas sociales y las de protección oficial en régimen de alquiler, para mantenerlas y para obligar a su abandono si no se cumplen los requisitos.

Está basada en la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda de la Generalitat y por eso se ha esperado a que esta estuviera aprobada para terminarla. Dentro de la ordenanza se especifica el registro municipal de demandantes de vivienda, gestionado por la Oficina Municipal de la Vivienda. Se establecen los criterios para acceder a las viviendas sociales y a las de protección oficial. "En el primer caso, el alquiler social, hay un baremo muy claro que beneficia a las personas vulnerables: en riesgo de exclusión social, víctimas de la violencia machista, con capacidades funcionales diferentes, u otros problemas sociales que las dificulte el acceso a la vivienda. Por ello, el precio del alquiler social sólo representará un 20% de los ingresos de la familia".

En el caso de las VPO, los precios están estipulados por ley y van más dirigidas a los jóvenes y personas mayores con problemas de acceso a la vivienda. El baremo lo realizarán las técnicas del departamento de Bienestar Social y habrá también puntuación basada en el padrón, dando beneficios a las personas que llevan más tiempo como residentes en Gandia.

La ordenanza también establece obligaciones, como la convivencia en el entorno vecinal. Se podrá rescindir el contrato cuando se tenga constancia de problemas de convivencia vecinal. En la actualidad Gandia tiene alrededor de 150 viviendas de protección pública de titularidad municipal.

Durante los trabajos de redacción de la ordenanza se ha creado un mapa de ubicación de las viviendas municipales que se ha incorporado en la página web del Ayuntamiento. Aspectos como la edad (menores de 35 y mayores de 60) monoparentalidad, cargas familiares, diversidad funcional, violencia de género o incluso el empadronamiento contarán a la hora de adjudicar una vivienda. Los alquileres se establecen por una duración de 4 años y se prevé que a través de la oficina municipal de vivienda se gestionan ayudas y en su caso planes de pago para las unidades familiares con mayores dificultades económicas.