Gandia gana el recurso por el cierre de la discoteca Cocoloco y no tendrá que indemnizar a la empresa
La mercantil Becos SL pedía 2 millones de euros por lucro cesante después de que el anterior Gobierno local, del PP, acordara el cierre de la discoteca en primera línea de playa en 2013.
![[Img #16808]](upload/img/periodico/img_16808.jpg)
El Ayuntamiento de Gandia no tendrá que indemnizar a la empresa Becos por el cierre de la discoteca Cocoloco en primera línea de playa, en febrero de 2013. El Gobierno local, entonces del PP, aprobó una ordenanza que impedía la ubicación de este tipo de locales en el paseo marítimo, lo que llevó a la discoteca a trasladarse unas calles más atrás, junto a la plaza del Castell. A cambio el Gobierno local pactó con la mercantil que el ayuntamiento, a través de la empresa pública IPG, alquilara el local de la antigua discoteca a razón de 10.000 euros al mes.
La mercantil, Becos SL, después de meses negociaciones infructuosas con el anterior Ejecutivo local, que presidía Arturo Torró, acabó presentando una demanda en los Juzgados para reivindicar el lucro cesante, por valor de 2 millones de euros. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso 9 de Valencia considera que el cierre de la discoteca fue “voluntario” por parte de la mercantil. El juez no ve conexión entre la anulación de la licencia y los “perjuicios por los que la demandante reclama la indemnización”.
Por lo tanto, gracias a esta sentencia, el Ayuntamiento evita desembolsar la indemnización. Con todo, el caso Cocoloco ya ha costado 350.000 euros a las arcas municipales por el alquiler del local, al que hizo frente el actual Gobierno de izquierdas en un acuerdo extrajudicial, ya que el anterior no llegó a pagar ni un euro. Por otra parte, el ayuntameinto compró a Becos varios solares en la zona del PAI de ocio por valor de 1 millón de euros.
![]() |
El Ayuntamiento de Gandia no tendrá que indemnizar a la empresa Becos por el cierre de la discoteca Cocoloco en primera línea de playa, en febrero de 2013. El Gobierno local, entonces del PP, aprobó una ordenanza que impedía la ubicación de este tipo de locales en el paseo marítimo, lo que llevó a la discoteca a trasladarse unas calles más atrás, junto a la plaza del Castell. A cambio el Gobierno local pactó con la mercantil que el ayuntamiento, a través de la empresa pública IPG, alquilara el local de la antigua discoteca a razón de 10.000 euros al mes.
La mercantil, Becos SL, después de meses negociaciones infructuosas con el anterior Ejecutivo local, que presidía Arturo Torró, acabó presentando una demanda en los Juzgados para reivindicar el lucro cesante, por valor de 2 millones de euros. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso 9 de Valencia considera que el cierre de la discoteca fue “voluntario” por parte de la mercantil. El juez no ve conexión entre la anulación de la licencia y los “perjuicios por los que la demandante reclama la indemnización”.
Por lo tanto, gracias a esta sentencia, el Ayuntamiento evita desembolsar la indemnización. Con todo, el caso Cocoloco ya ha costado 350.000 euros a las arcas municipales por el alquiler del local, al que hizo frente el actual Gobierno de izquierdas en un acuerdo extrajudicial, ya que el anterior no llegó a pagar ni un euro. Por otra parte, el ayuntameinto compró a Becos varios solares en la zona del PAI de ocio por valor de 1 millón de euros.











Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.172