Gandia resuelve el contrato con la empresa que construyó el edificio de VPO de la calle Perú, 57

El coportavoz del Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, compareció en rueda de prensa para informar que la Junta de Gobierno ha aprobado la resolución definitiva de la concesión otorgada en 2009 sobre la parcela de la calle Perú núm. 57. "Se acabó la paciencia del Ayuntamiento de Gandia, que debe velar para que se cumplan todos los contratos y sus obligaciones" declaró el edil, quien explicó que los motivos legales para la medida adoptada pasan por incumplimiento de la cláusula 21 del pliego de condiciones al haberse desestimado los dos requerimientos para la reparación de daños, el incumplimiento para que no se han mantenido las instalaciones en condiciones higiénico-sanitarias, o el impago del canon.

"Todo ha sido desatendido por la concesionaria. Todo ha sido incumplido. También la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas prevé la extinción de las concesiones demaniales por impago del canon que junto con las anualidades que se deberían haber satisfecho asciende a un total de 429.000 €. Hay una obligación, reconocida en la escritura, de considerar, como así hemos hecho, en el ICO como acreedor hipotecario preferente, para determinar la cuantía de la indemnización a recibir por parte del Ayuntamiento”, explicó el concejal.

En este caso, los informes de los técnicos (jefe de Contratación, Intervención y Asesoría Jurídica) determinan que la indemnización sólo procede en caso de rescate, y por lo tanto no hay que reconocerla cuando además hay un incumplimiento de la concesionaria de sus obligaciones. “No podemos rescatar a quien no ha cumplido desde el primer día" aclaró Prieto.

Los siguientes pasos que emprenderá el Gobierno tras el acuerdo son iniciar el proceso de resolución del contrato, confiscar con efecto inmediato la garantía definitiva constituida en Tesorería, y que asciende a 167.588 € además de otorgar audiencia de 15 días en el concesionario, el avalista y el acreedor hipotecario, el ICO y nombrar un responsable de la liquidación que en este caso será una técnica municipal.

En el caso de que haya oposición por parte del concesionario, se solicitará informe al Consell Jurídic Consultiu después de lo que se procedería a la resolución definitiva, recepción del bien y su inscripción en el Registro de la Propiedad. Prieto informó que en total, serán unos 400.000 € el montante de la liquidación después de restar al valor del edificio la amortización y el canon impagado.

Finalmente, Prieto se refirió al procedimiento como "un trabajo bien hecho desde el primer día para garantizar los intereses generales de los ciudadanos. No podía costar más de lo que es imprescindible y el coste será el mínimo teniendo en cuenta que podía haber sido mucho más costoso. El objetivo es restablecer el orden en el edificio, tomar el control y la propiedad y prestigiar esta zona de la barriada. Y por eso el Ayuntamiento ha ido hasta el final y trabajado una solución. Lo hacemos con todos los informes legales, conjuntos, de nuestros técnicos, y con el objetivo de dar solución y alternativa a esta concesión y, por tanto, a este espacio y zona del distrito".