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Miércoles, 06 de Septiembre de 2017

Gandia se compromete a invertir 60.000 euros al año para ampliar la red de carriles bici

Se construirán de forma segregada en el caso de las grandes vías. Esta partida era la que destinaba el ayuntamiento para SaforBici, cuando el servicio se gestionaba de forma directa.

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El Gobierno de Gandia ampliará la red de carriles bici de la ciudad con un presupuesto anual de 60.000 euros, la misma cantidad que invertía en el servicio público de alquiler de bicicletas, SaforBici, cuando este se gestionaba de forma directa. Estos carriles se construirán de forma segregada en el caso de las grandes vías. Así lo anunció el concejal de Movilidad, Xavier Ródenas, en respuesta a las recientes críticas del PP por el funcionamiento de SaforBici.

 

Respecto a SaforBici, Ródenas contestó que el servicio está mejorando según las previsiones: “En estos momentos se están sustituyendo las bases antiguas de forma progresiva que convivirán durante unos meses con las antiguas, se instalarán un total de 45. En el almacén municipal hay ya 120 bicis nuevas que se irán colocando en las bases modernas, ya que el sistema de anclaje es incompatible con las estaciones viejas y la intención es llegar a 600 bicicletas nuevas”.

 

Ródenas recordó que la nueva contrata unificaba la gestión del servicio de bicicletas, los soportes publicitarios en la calle (mupis), y la señalización direccional de la ciudad. De hecho, ya se ha procedido a la sustitución de los mupis por otros más modernos y 48 señales nuevas. "Evidentemente, la empresa ha comenzado por los mupis que los genera ingresos para poder afrontar, en una segunda fase, a estas alturas, el servicio público de bicicletas, que no nos costará ni un euro al Ayuntamiento". Esto generará un ahorro económico anual de 60.000 € que se invertirá en la renovación y ampliación de la red pública de carriles bici.

 

Antes del verano se han renovado trayectos del carriles bici en la playa y próximamente anunciará un nuevo carril bici segregado sobre la calzada. Ródenas dijo que el nuevo Gobierno se encontró hace dos años “un servicio deficitario y en muy mal estado, vinculado a la empresa pública, IPG, en una situación ilegal”. 

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