Gandia y la Generalitat colaboran para sacar 300 viviendas a la venta y al alquiler

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, destacó este miércoles, 25 de mayo, en su visita a Gandia, la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento para facilitar el acceso y fomentar la movilización de los viviendas protegidas dispuesto a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).

Salvador realizó una visita, acompañada por la alcaldesa, Diana Morant, a la nueva Oficina de Vivienda de Gandia que ha puesto en marcha el Consistorio en la avenida del Grau, número 2. Desde este punto de atención directa al ciudadano se ofrece todo tipo de información de las medidas y de las políticas que se están aplicando en materia de vivienda, desde los pisos disponibles en alquiler, venta o alquiler con opción a compra, en total unos 300 inmuebles, así como las ayudas y subvenciones para el alquiler y la rehabilitación de viviendas o todos los mecanismos que se han activado a través de la nueva Ley para la Función Social de la Vivienda que ha impulsado el gobierno autonómico.

En este sentido, la consellera resaltó la "sinergia absoluta y el trabajo coordinado" que existe entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Gandia y que queda demostrada con esta oficina de la vivienda. Esta oficina también cuenta con personal de la misma empresa EIGE, ya que un técnico una vez por semana trabajará en esta oficina para proporcionar información sobre las viviendas protegidas que la entidad dispone en Gandia. La cifra asciende a 115 pisos para ponerlos a disposición de los ciudadanos.

Salvador recordó que recientemente la Conselleria y el Ayuntamiento de Gandia han firmado dos convenios muy importantes. Por un lado, el Plan de Colaboración Local para el Impulso de la Vivienda Protegida, en el que se enmarca esta nueva oficina municipal y, por otra parte, un convenio para impulsar la rehabilitación y la regeneración urbana.

La alcaldesa aseguró que el Gobierno local "recupera la apuesta de Gandia para la vivienda protegida perdida en los últimos años" y añadió que los gobiernos local y autonómico siguen defendiendo de forma prioritaria el acceso digno a la vivienda porque es "una necesidad básica y un derecho constitucional".

Morant dijo que ante el inminente cierre de la empresa pública IPG, el Gobierno ha sido previsor y ha abierto la oficina, que absorberá muchos servicios que se realizaban en IPG en materia de vivienda. La oficina tendrá a disposición de la ciudadanía unas 300 viviendas, entre las de la Generalitat, Ayuntamiento y IPG.