La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para el alcalde de Villalonga
El Ministerio fiscal acusa al socialista Enric Lorca de prevaricar por contratar en 2013 al jefe de obras de las brigadas municipales pese a estar prohibido desde 2012 por la ley de estabilidad presupuestaria.
La Fiscalía de Valencia ha pedido 9 años de inhabilitación como cargo público para el alcalde de Villaonga, el socialista Enric Llorca, a quien acusa de un delito de prevaricación por haber contratado a una persona sin una convocatoria pública y pese a que el Ayuntamiento tenía prohibido desde 2012 por el Ministerio de Hacienda incrementar el gasto en personal, para cumplir con la estabilidad presupuestaria.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha decretado la apertura de juicio oral por este asunto. En concreto, la Fiscalía acusa a Llorca de contratar a dedo al jefe de obras de las brigadas municipales, pese a los informes en contra de la secretaria municipal y de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia, quienes le recordaron a Llorca la prohibición de contratar a más empleados públicos.
Pese a ello, la contratación se produjo el 1 de febrero de 2013, sin expediente administrativo ni convocatoria pública aprobada por el pleno. La Fiscalía, en su escrito de acusación, apunta que con fecha 7 de marzo el alcalde aprobó una resolución con las bases, “con ánimo de dar apariencia de legalidad”, cuando el trabajador ya estaba contratado.
La Fiscalía de Valencia ha pedido 9 años de inhabilitación como cargo público para el alcalde de Villaonga, el socialista Enric Llorca, a quien acusa de un delito de prevaricación por haber contratado a una persona sin una convocatoria pública y pese a que el Ayuntamiento tenía prohibido desde 2012 por el Ministerio de Hacienda incrementar el gasto en personal, para cumplir con la estabilidad presupuestaria.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha decretado la apertura de juicio oral por este asunto. En concreto, la Fiscalía acusa a Llorca de contratar a dedo al jefe de obras de las brigadas municipales, pese a los informes en contra de la secretaria municipal y de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia, quienes le recordaron a Llorca la prohibición de contratar a más empleados públicos.
Pese a ello, la contratación se produjo el 1 de febrero de 2013, sin expediente administrativo ni convocatoria pública aprobada por el pleno. La Fiscalía, en su escrito de acusación, apunta que con fecha 7 de marzo el alcalde aprobó una resolución con las bases, “con ánimo de dar apariencia de legalidad”, cuando el trabajador ya estaba contratado.









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.249