La Audiencia Provincial de Valencia ordena reabrir el ‘caso Tele7’ en Gandia
El fiscal vé indicios de delitos cometidos por el exalcalde Arturo Torró al desviar dinero de la empresa pública IPG a su grupo de empresas.
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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha anulado el archivo provisional del llamado “caso Tele 7” y ha ordenado reabrir la fase de instrucción de la causa, en la que estaban siendo investigados, entre otros, el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP. El caso se destapó a raíz de una querella presentada por el Partido Socialista.
El auto de la Audiencia publicado este lunes, 20 de febrero, revoca el archivo del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia y asume el informe del Ministerio Público. En él, el fiscal argumenta que hay “indicios racionales” de delitos relacionados con corrupción como prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
En la causa se investiga si Torró se aprovechó de su cargo público para desviar dinero público a su grupo de empresas, al firmar un convenio entre IPG y Tele 7 (Inversiones Especiales del Mediterráneo) por valor de 1,7 millones de euros para emitir programas en esta televisión local, de la que, al parecer, era en parte propietario Torró a través de la empresa Propulsa.
Por otra parte, la Fiscalía considera que Torró asumió “de forma improcedente” las consecuencias de que Inversiones cediera este cometido a Comarques Centrals Televisió, una operación en la que el ayuntamiento salió perjudicado en 480.000 euros. La reapertura del caso podría seguir con la apertura de juicio oral.
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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha anulado el archivo provisional del llamado “caso Tele 7” y ha ordenado reabrir la fase de instrucción de la causa, en la que estaban siendo investigados, entre otros, el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP. El caso se destapó a raíz de una querella presentada por el Partido Socialista.
El auto de la Audiencia publicado este lunes, 20 de febrero, revoca el archivo del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia y asume el informe del Ministerio Público. En él, el fiscal argumenta que hay “indicios racionales” de delitos relacionados con corrupción como prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
En la causa se investiga si Torró se aprovechó de su cargo público para desviar dinero público a su grupo de empresas, al firmar un convenio entre IPG y Tele 7 (Inversiones Especiales del Mediterráneo) por valor de 1,7 millones de euros para emitir programas en esta televisión local, de la que, al parecer, era en parte propietario Torró a través de la empresa Propulsa.
Por otra parte, la Fiscalía considera que Torró asumió “de forma improcedente” las consecuencias de que Inversiones cediera este cometido a Comarques Centrals Televisió, una operación en la que el ayuntamiento salió perjudicado en 480.000 euros. La reapertura del caso podría seguir con la apertura de juicio oral.
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