Archivan definitivamente la querella de Torró contra Orengo y Mut por el ‘caso Innova’

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Gandia ha archivado definitivamente el llamado “caso Innova”, al no apreciar los delitos de los que acusó el exalcalde de Gandia Arturo Torró (PP) a su predecesor en el cargo, el socialista José Manuel Orengo, y a dos de sus concejales en la legislatura 2007-2011, Fernando Mut (Urbanismo) y Ana García, de Hacienda.

El juez de Gandia acredita, con informes de Intervención del Estado y del Tribunal de Cuentas, que no hubo desvío de fondos en la subvención de 4,6 millones y préstamo de 511.000 euros que concedió el Estado para acabar un edificio destinado a I+D+i junto al Campus de Gandia de la UPV, unas obras que ordenó paralizar Torró al poco de acceder a la Alcaldía en 2011. Torró alegó que no había “dinero en la caja de IPG”, la empresa pública encargada de su construcción, y consideró que estos fondos se destinaron a otros gastos municipales.

En noviembre de 2011 presentó una querella contra los anteriores gestores. El exalcalde Torró llegó a comparar en aquel momento la causa con uno de los casos de corrupción más graves de la historia democrática de España, el “caso Malaya” de Marbella. La querella mantenía los mismos términos que la presentada anteriormente en el TSJCV, con las acusaciones de fraude en subvenciones, malversación de fondos públicos y prevaricación.

El Ayuntamiento, que ya había conveniado este proyecto con la UPV, tuvo que devolver la subvención al Estado, con intereses de demora, por un importe total de 6 millones, y el edificio se ha quedado como un esqueleto sin ningún uso. La actual situación económica del Ayuntamiento de Gandia, sin apenas capacidad inversora, impide retomar el proyecto a medio plazo.  

Reacciones

Entre las primeras reacciones, el portavoz municipal socialista, José Manuel Prieto, mostró su satisfacción «ante la evidencia de que, como se defendió desde el primer minuto, todo se hizo siguiendo la legalidad y de forma correcta y sólo la sed de venganza del PP de Torró siguió con una persecución injusta e imposible de reparar».

Para los socialistas la demostración del «ensañamiento» del PP con los querellados «es el hecho de que la causa ha sido archivada hasta en cuatro ocasiones y por tres entidades judiciales distintas; Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el Juzgado de Gandia, que lo ha hecho en dos ocasiones». Los socialistas consideran que el PP «hizo un uso y abuso de los recursos económicos del propio Ayuntamiento de Gandia, pagando del bolsillo de todos los gandienses falsas acusaciones».

Prieto recordó que el consistorio gandiense «ha desembolsado más de 1,5 millones de las arcas municipales, si se suman las subvenciones a fondo perdido por no ejecutarse el edificio Innova, los intereses de demora o los gastos en abogados e informes externos que encargó el anterior Gobierno del PP».

Los socialistas piden a los populares que «se retracten de esta actitud». Al mismo tiempo lamentan que Gandia perdiese un proyecto «tan necesario, útil y beneficioso para la ciudad y la Safor como era el Espai Innova, que contaba con un acuerdo firmado entre la Universitat Politècnica de València y el tejido empresarial de la comarca». Prieto añadió que «lejos de asumir su irresponsabilidad, el PP proclamó a los cuatro vientos una supuesta actividad delictiva que ha archivado de nuevo la Justicia».

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, confirmó, como ya señaló este periódico, que acatan el auto y no van a recurrirlo. Las razones que esgrime Soler para ello es «contribuir a rebajar crispación política y evitar la judicialización de la vida pública, además, las personas que fueron investigadas a tal efecto no están ya en la primera línea política». Víctor Soler lamenta, no obstante, que «se perdiera una subvención de más de 6 millones de euros por no destinarla al Innova y sí a pagar facturitas varias».