La alcaldesa de Gandia defiende ante la jueza el cierre de los despachos para preservar documentos

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, declaró la mañana del pasado lunes, 16, en calidad de investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3  de la ciudad por el llamado ‘caso de los despachos’ a raíz de una querella presentada por el exalcalde Arturo Torró y asesores del PP en la anterior legislatura. La querella, queç fue confirmada por la Audiencia Provincial, acusa de los presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y coacciones.

La jueza también citó a declarar a tres funcionarios municipales (Vicent Llorens, actualmente director del Consorcio Valencia 2007; Vicent Todolí y el secretario del Ayuntamiento, Lorenzo Pérez) y a un asesor, el coordinador de Economía, Salvador Gregori.

En concreto, se investiga por qué la alcaldesa denegó el acceso a los despachos municipales a excargos del anterior alcalde, Arturo Torró (PP), al poco de que ya fuera investida como primera autoridad, en el pleno del 13 de junio de 2015.  La orden dada por la alcaldesa afectó ese día y los siguientes a todas las dependencias municipales, incluida la sede de la empresa pública IPG.

Tras declarar ante la juez, Diana Morant atendió a los medios de comunicación presentes a las puertas del Juzgado, donde dijo sentirse “muy contenta y satisfecha” por poder aclarar la situación. La alcaldesa explicó que las medidas que se tomaron buscaban “poner un poco de orden al desorden” que y a las “irregularidades” que había en el Ayuntamiento, sobre todo “salvaguardar toda la documentación y expedientes municipales” que los nuevos responsables del Gobierno local pensaban que “corrían riesgo, porque detectamos intrusiones de personas el sábado a las tres y media de la madrugada y otra entrada a IPG a las seis de la mañana”.

Diana Morant añadió que desconocían cómo estaba la contabilidad de la empresa pública, por lo que, “como medida cautelar y urgente”, se impidió el acceso a IPG a los trabajadores y se requisaron los ordenadores. La alcaldesa negó que se produjeran coacciones y aseguró que estas decisiones “estaban avaladas por el interventor, el secretario municipal y el jefe de la Policía Local”.

El PP pide la dimisión

A propósito de esta declaración, desde el PP de Gandia se pidió la dimisión de Morant. El coportavoz del PP Vicent Gregori señaló que el “asalto a los despachos” se ordenó “por parte de personas no autorizadas” que calificó como “personal político que ni siquiera había sido nombrado y que se entienden en la órbita del PSOE”, sin seguir “procedimiento administrativo alguno”. Gregori preguntó a los socios de gobierno, Més Gandia, y a Ciudadanos “si están cómodos con una alcaldesa imputada y un Gobierno acorralado por la Justicia”.   

Reacción de Més Gandia a las palabras de Gregori

La portavoz del grupo municipal de Més Gandia y vicealcaldesa de la ciudad, Lorena Milvaques, ha querido responder al portavoz del grupo municipal popular, Vicent Gregori. Milvaques asegura que un gobierno no puede verse acorralado por una cuestión menor en la legislatura como el que ocupa esta querella.

Sin embargo, replica a Gregori y le hace la siguiente pregunta “¿Se encuentra cómodo Vicent Gregori acompañando en el escaño a un portavoz investigado por la guardia civil por cuestiones relacionadas com el presunto desvío de fondos municipales destinados a beneficiar al Partido Popular?”

Desde Més Gandia, no se entiende que “con el panorama que tiene Vicent Gregori dentro de su partido y con los múltiples asuntos judiciales pendientes de resolver ligados, ahora sí, a cuestiones realmente graves”, se atreve a hacerle este tipo de preguntas.

Milvaques asegura que hoy por hoy, el gobierno está unido en las cuestiones fundamentales que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y al futuro inmediato de Gandia.