Nuevas sentencias contra IPG suman medio millón de euros la deuda de la empresa pública de Gandia

Dos nuevas sentencias judiciales han condenado a la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) a pagar más de 78.000 euros "a dos empresas relacionadas con el entorno del PP", según informaron en rueda de prensa el coordinador del Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, y el liquidador de IPG, el socialista Vicent Mascarell.   

Estas sentencias se unen al acuerdo alanzado para pagar más de 315.000 euros al abogado y la procuradora que el exalcalde Torró contrató para dos juicios que se perdieron. Por tanto, en apenas una semana IPG ha visto cómo aumenta su deuda en medio millón de euros por asuntos que vienen de la anterior legislatura.  

Por una parte, explicaron que la justicia obliga a pagar 42.000 euros a la empresa que gestionaba la asesora del Partido Popular en IPG, Lola Moncho, ya que apenas un mes antes de las elecciones de 2015 se "blindaba" el contrato con esta mercantil, por lo que su rescisión ha desencadenado en esta indemnización que debe pagar ahora el Ayuntamiento de Gandia.

Tanto Mascarell como  Prieto se hicieron eco de la declaración que realizaba el popular Arturo Torró ante el juez sobre este caso. Afirman que el exalcalde no ha dudado en comparecer como testimonio "en contra de los intereses de Gandia".

Mascarell considera los hechos como "una estrategia de saqueo de las arcas públicas desde la oposición". Explica que anteriores actuaciones del anterior gobierno y su participación en procesos judiciales que actualmente se están desarrollando están provocando graves problemas a las arcas municipales".

Prieto añadió que "en una administración normal nadie blinda contratos al personal afín al gobierno para devolver favores" y añadió que "nosotros no actuaremos igual, ningún cargo de confianza será blindado y cuando acabe esta legislatura todos los cargos de confianza cesarán".

El portavoz del ejecutivo local afirmó que "la única salida que le queda al PP es pedir perdón por los sistemas de pago de favores que puso en marcha para enaltecer todo lo que hacía el gobierno municipal mientras se escondían los excesos que ahora están saliendo a la luz".

Por lo que respecta a la otra sentencia, el juez obliga a indemnizar con 36.000 euros a la mercantil Bussines Assessment Plans and Projects SL, fundada por Manuel Lamela, que fue consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, por no haber pagado el informe que en su día se hizo sobre el puerto de Gandia.

Desde el actual equipo de gobierno municipal afirman que se trata de un documento "sin ningún valor, repleto de obviedades, y que tenía un coste de unos 1.500 euros por página". José Manuel Prieto anunció  que también se van a pedir responsabilidades sociales a los anteriores gestores de IPG por este tema.

"El actual gobierno incluirá --dice Prieto--, todas estas cantidades dentro del paquete de acciones de responsabilidad social que se ejercerá contra los anteriores gestores de la empresa pública. Creemos que se ha producido un perjuicio grave a los intereses de la ciudad y a las arcas municipales en favor de determinados actores implicados".

Respuesta del PP

Tras esta comparencia el PP emitió un comunicado en el que señalan que "la Justicia viene fallando en contra, de manera sistemática, contra el "modus operandi" de los socialistas, quienes iniciaron la legislatura asaltando los despachos, sin un protocolizado traspaso de poder como marca la legislación vigente, e impidiendo y despidiendo de manera ilegal a muchísimos empleados públicos, que recibieron y reciben, el apoyo de las fuerzas sindicales y ahora también de la justicia".

Los 'populares' han calificado la rueda de prensa de "vergonzosa" y propia de unos "caraduras", ya que afirman que son los miembros del gobierno local los que están provocando pleitos "con acciones manifiestamente ilegales para después allanarse en muchas causas judiciales, a través de acuerdos extrajudiciales lesivos contra las arcas municipales, o bien, dejándose perder en sede judicial".

El PP recuerda que Mascarell dispone de un bufete de abogados "que ha arremetido en numerosas ocasiones contra el Consistorio gandiense, nutriendo de dinero público al propio Mascarell" a través de su firma de abogados mientras cobraba un sueldo como concejal.

En cuanto a las críticas por el contrato blindado de Moncho, dicen los 'populares' que cuando entraron a gobernar se encontraron numerosos contratos blindados en la televisión pública y en la propia IPG. Por todo ello concluyen que "esto no es más que una cacería política contra el Partido Popular, y contra todo aquel que tenga cierta vinculación con sus ideas".

Finalmente, recuerdan que el actual Consejo de Administración de Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. y en su defecto, el Equipo Liquidador de la misma, son los únicos que pueden responder ante la Junta General Universal por causa imputables de responsabilidad social, por los acuerdos lesivos que vienen provocando y adoptando.