El Gobierno de Gandia contrata a un abogado para defender al Ayuntamiento en la Púnica
El coportavoz del Ejecutivo, José Manuel Prieto, justifica el gasto de 17.000 euros en que no hay letrados expertos en Derecho Penal en la plantilla municipal. El Grupo Municipal Popular denuncia que se trata de un caso de “enchufismo”, porque el letrado, Francisco Manuel de Antonio Juesas, es concejal socialista en Altura.
El coportavoz del Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, en rueda de prensa.
El Gobierno de Gandia, formado por PSPV-PSOE y Més, ha contratado a un abogado y a un procurador para defender al Ayuntamiento en el caso Púnica, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y en el que están imputados, entre otros, el exalcalde Arturo Torró y el portavoz municipal Víctor Soler, ambos del PP. Se trata de un contrato menor que tendrá un gasto máximo de 15.000 euros para el letrado y de 2.000 euros para el procurador.
El pasado 21 de septiembre, la Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad que el Ayuntamiento de Gandia se personara en el caso. El coportavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, justificó la contratación externa en que en la plantilla del Consistorio “no hay abogados especialistas en Derecho Penal”.
Prieto añadió que el Gobierno local "está asumiendo las responsabilidades de gestionar una situación caótica heredada de la anterior legislatura pero siempre hemos afirmado que en caso de sospechar que haya habido un daño a las arcas municipales por parte de los anteriores gestores, recurriríamos a las instancias judiciales. Pues bien, después de estudiar los antecedentes, nos personamos en la causa para defender los gandienses”.
Sin embargo, el Grupo Municipal del PP considera que es un caso de “enchufismo”, porque el letrado contratado, según revelaron los populares, es Francisco Manuel de Antonio Juesas, concejal socialista en Altura (Castelló).
Los populares señalan que “actualmente el Ayuntamiento no se encuentra inserto en la pieza que hasta ahora se ha conocido y afecta a Gandia”, y calificaron la contratación como una “cacería contra el PP”.
'Enchufismo' según el PP
Dice el PP que sí hay letrados expertos en esta materia entre el personal municipal, por lo que esto supone “ya no la falta de consideración hacia los empleados públicos de la casa, sino la desvergüenza a la hora de enmascarar la contratación de personal afín a los partidos que sustentan el Gobierno de Gandia, con peregrinos argumentos”.
Tras estas críticas del PP, el Gobierno ha buscado facturas de la anterior legislatura. Prieto señaló que el anterior Ejecutivo local del PP gastó 1,1 millones de euros a través de la empresa pública IPG en asesoramiento legal encargado a varios bufetes.
Además, Prieto salió en defensa del letrado contratado: “Es profesor de Derecho Penal en la Universitat Jaume I y ha participado en la acusación popular de los casos Gürtel y Fabra, con una trayectoria más que destacada en su campo”.
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El coportavoz del Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, en rueda de prensa.
El Gobierno de Gandia, formado por PSPV-PSOE y Més, ha contratado a un abogado y a un procurador para defender al Ayuntamiento en el caso Púnica, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y en el que están imputados, entre otros, el exalcalde Arturo Torró y el portavoz municipal Víctor Soler, ambos del PP. Se trata de un contrato menor que tendrá un gasto máximo de 15.000 euros para el letrado y de 2.000 euros para el procurador.
El pasado 21 de septiembre, la Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad que el Ayuntamiento de Gandia se personara en el caso. El coportavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, justificó la contratación externa en que en la plantilla del Consistorio “no hay abogados especialistas en Derecho Penal”.
Prieto añadió que el Gobierno local "está asumiendo las responsabilidades de gestionar una situación caótica heredada de la anterior legislatura pero siempre hemos afirmado que en caso de sospechar que haya habido un daño a las arcas municipales por parte de los anteriores gestores, recurriríamos a las instancias judiciales. Pues bien, después de estudiar los antecedentes, nos personamos en la causa para defender los gandienses”.
Sin embargo, el Grupo Municipal del PP considera que es un caso de “enchufismo”, porque el letrado contratado, según revelaron los populares, es Francisco Manuel de Antonio Juesas, concejal socialista en Altura (Castelló).
Los populares señalan que “actualmente el Ayuntamiento no se encuentra inserto en la pieza que hasta ahora se ha conocido y afecta a Gandia”, y calificaron la contratación como una “cacería contra el PP”.
'Enchufismo' según el PP
Dice el PP que sí hay letrados expertos en esta materia entre el personal municipal, por lo que esto supone “ya no la falta de consideración hacia los empleados públicos de la casa, sino la desvergüenza a la hora de enmascarar la contratación de personal afín a los partidos que sustentan el Gobierno de Gandia, con peregrinos argumentos”.
Tras estas críticas del PP, el Gobierno ha buscado facturas de la anterior legislatura. Prieto señaló que el anterior Ejecutivo local del PP gastó 1,1 millones de euros a través de la empresa pública IPG en asesoramiento legal encargado a varios bufetes.
Además, Prieto salió en defensa del letrado contratado: “Es profesor de Derecho Penal en la Universitat Jaume I y ha participado en la acusación popular de los casos Gürtel y Fabra, con una trayectoria más que destacada en su campo”.
