La justicia pide por cuarta vez al Gobierno de Gandia que cumpla la sentencia de las 'escoletes' y readmita a las trabajadoras

El montante de la indemnización a las 12 monitoras despedidas ilegalmente asciende ya a 1,2 millones de euros. El sindicato UGT-PV no descarta pedir responsabilidades por vía penal al alcalde, Arturo Torró, a quien acusa de "dilatar ilegalmente el cumplimiento de la sentencia". La concejala socialista Liduvina Gil pide "responsabilidad" al Gobierno, porque "la única salida que tiene el Ayuntamiento es pagar y readmitir a las trabajadoras, cuando más tarde más caro será". El concejal de Compromís Facund Puig añade que "los caprichos de Torró están dañando a las trabajadoras y arruinando la Hacienda municipal". La concejala de Educación, Marta Cháfer señala: “Indemnizaremos a las trabajadoras, pero no las readmitiremos” y añade que Gandia "ahorra un millón de euros anuales gracias a la gestión privada de les escoletes".

Un niño entra a la escoleta del centro histórico. / S.G.

El Juzgado de lo Social nº 2 de Valencia ha emitido un nuevo auto, y ya van cuatro, en el que obliga al Ayuntamie