La alcaldesa de Oliva ofrece a Salazar (PP) ser instructor del expediente de los chiringuitos
El concejal de Turismo mantiene en el pleno que los chiringuitos ya estaban adjudicados cuando él tuvo las competencias en junio. Cruce de acusaciones entre el Gobierno actual y el anterior sobre quién debería haber iniciado las investigaciones internas.
La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ofreció ayer, a propuesta del concejal Joan Mata (PRO), una delegación específica para Germán Salazar, del PP, para que sea el instructor del expediente del “caso de los chiringuitos”, donde se investiga, a nivel interno, si el proceso de adjudicación de estos establecimientos ha sido el correcto, especialmente el verano pasado, pero también en los últimos años.
El inesperado giro de guión se produjo tras el debate de este asunto en el pleno municipal de octubre. En una lectura política, este ofrecimiento se trata del primer acercamiento entre el Gobierno local, formado por PRO y UCIN, al PP, al que dejaron fuera del acuerdo de investidura.
Para esta sesión el PP, PSOE y Compromís habían presentado una moción conjunta pidiendo explicaciones al Gobierno local y en concreto al concejal de Turismo, Salvador Llopis, a quien se reclamaba o bien la dimisión o bien la retirada de competencias en materia de Turismo y Playas.
Durante el debate todos mantuvieron las posiciones que han venido defendiendo en los últimos días. Llopis no había hecho declaraciones a la prensa, y aprovechó este pleno para dar explicaciones.
Dijo que cuando él tuvo las competencias de Turismo, el 27 de junio, los chiringuitos ya estaban adjudicados por el anterior Gobierno de PSPV-PSOE y Compromís, ya que la licitación se produjo entre el 25 abril y el 24 de mayo con la subasta, “por tanto es materialmente imposible que yo tuviera ninguna relación con las prácticas colusorias que se insinúan en la moción”, señaló.
Añadió que la oposición pudo conocer el recurso de la mercantil afectada porque el decreto estaba en la documentación del pleno del mes pasado, como todos los que se firman en la Casa. Y advirtió a la oposición que en este caso estaban incumpliendo el deber de guardar reserva.
Le hechó un capote Joan Mata, actual instructor del expediente, quien dijo que “no encontrarán la firma del señor Llopis en ningún documento”, porque todo dependía del área de Contratación, y señaló que “es la primera vez que se actúa en este caso para saber qué ha pasado”, al tiempo que abogó por “bajar las revoluciones de este caso”, apartarse él y delegar competencias en Salazar.
Germán Salazar (PP), que presentó la moción, aclaró que a Llopis no se le acusaba de cometer ninguna irregularidad, “sino de complicidad o connivencia, de no haberse apartado por voluntad propia del expediente, cuando tiene amistad con algunos empresarios de estos chiringuitos”.
"Prácticas colusorias"
Por parte del Partido Socialista habló Miguel Monzonís. Dijo que los pliegos anteriores tenían aval técnico, y añadió que la manera correcta de actuar, ante las dudas, hubiera sido paralizar el proceso. Por su parte, tanto la exalcaldesa Yolanda Balaguer como el concejal Josep Escrivà, de Compromís, mantuvieron que fue el Gobierno actual el que se dio cuenta de esas “prácticas colusorias”, y lo pretendían esconder si no fuera porque el caso se destapara en prensa, extremo que negaron rotundamente Llopis y Pastor.
“En nigún momento hemos tapado nada”, zanjó la alcaldesa, Yolanda Pastor, para a continuación ofrecerle a Salazar que se hiciera cargo del proceso a partir de ahora. La moción de la oposición quedó rechazada con los votos de PRO y UCIN.
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La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ofreció ayer, a propuesta del concejal Joan Mata (PRO), una delegación específica para Germán Salazar, del PP, para que sea el instructor del expediente del “caso de los chiringuitos”, donde se investiga, a nivel interno, si el proceso de adjudicación de estos establecimientos ha sido el correcto, especialmente el verano pasado, pero también en los últimos años.
El inesperado giro de guión se produjo tras el debate de este asunto en el pleno municipal de octubre. En una lectura política, este ofrecimiento se trata del primer acercamiento entre el Gobierno local, formado por PRO y UCIN, al PP, al que dejaron fuera del acuerdo de investidura.
Para esta sesión el PP, PSOE y Compromís habían presentado una moción conjunta pidiendo explicaciones al Gobierno local y en concreto al concejal de Turismo, Salvador Llopis, a quien se reclamaba o bien la dimisión o bien la retirada de competencias en materia de Turismo y Playas.
Durante el debate todos mantuvieron las posiciones que han venido defendiendo en los últimos días. Llopis no había hecho declaraciones a la prensa, y aprovechó este pleno para dar explicaciones.
Dijo que cuando él tuvo las competencias de Turismo, el 27 de junio, los chiringuitos ya estaban adjudicados por el anterior Gobierno de PSPV-PSOE y Compromís, ya que la licitación se produjo entre el 25 abril y el 24 de mayo con la subasta, “por tanto es materialmente imposible que yo tuviera ninguna relación con las prácticas colusorias que se insinúan en la moción”, señaló.
Añadió que la oposición pudo conocer el recurso de la mercantil afectada porque el decreto estaba en la documentación del pleno del mes pasado, como todos los que se firman en la Casa. Y advirtió a la oposición que en este caso estaban incumpliendo el deber de guardar reserva.
Le hechó un capote Joan Mata, actual instructor del expediente, quien dijo que “no encontrarán la firma del señor Llopis en ningún documento”, porque todo dependía del área de Contratación, y señaló que “es la primera vez que se actúa en este caso para saber qué ha pasado”, al tiempo que abogó por “bajar las revoluciones de este caso”, apartarse él y delegar competencias en Salazar.
Germán Salazar (PP), que presentó la moción, aclaró que a Llopis no se le acusaba de cometer ninguna irregularidad, “sino de complicidad o connivencia, de no haberse apartado por voluntad propia del expediente, cuando tiene amistad con algunos empresarios de estos chiringuitos”.
"Prácticas colusorias"
Por parte del Partido Socialista habló Miguel Monzonís. Dijo que los pliegos anteriores tenían aval técnico, y añadió que la manera correcta de actuar, ante las dudas, hubiera sido paralizar el proceso. Por su parte, tanto la exalcaldesa Yolanda Balaguer como el concejal Josep Escrivà, de Compromís, mantuvieron que fue el Gobierno actual el que se dio cuenta de esas “prácticas colusorias”, y lo pretendían esconder si no fuera porque el caso se destapara en prensa, extremo que negaron rotundamente Llopis y Pastor.
“En nigún momento hemos tapado nada”, zanjó la alcaldesa, Yolanda Pastor, para a continuación ofrecerle a Salazar que se hiciera cargo del proceso a partir de ahora. La moción de la oposición quedó rechazada con los votos de PRO y UCIN.
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