Oliva investiga un supuesto pacto entre empresas para quedarse los chiringuitos al menor coste posible

El Gobierno de Oliva ha abierto una comisión municipal de investigación para aclarar qué ocurre cada verano, y especialmente este último, con el proceso de adjudicación de los diez chiringuitos, donde podría haberse cometido un delito de fraude contra la administración pública. 

Y es que, al parecer, en los últimos años ha venido produciéndose una trama irregular, al optar a los lotes del subasta unas empresas que supuestamente estarían conchabadas entre sí, o incluso serían empresas accesorias de familiares o amigos del verdadero interesado en un chiringuito, para retirarse en el último momento y que el verdadero interesado se adjudicara el local de playa al menor coste posible, y por tanto haciendo perder una cantidad considerable al ayuntamiento. 

Esto, que en el argot técnico se llama “práctica colusoria”, es lo que podría haber estado pasando con esta tradicional subasta veraniega en Oliva, y en la que quedarían al margen tanto los técnicos como los responsables políticos, pero perjudicando a las arcas municipales. 

El asunto sale a la luz ahora, pasado el verano, tras el recurso de la mercantil denunciante, que quería quedarse con un chiringuito y sospechó de estas prácticas. El procedimiento consistiría en presentar cantidades escalonadas, para ir renunciando a las más elevadas y distorsionando así la competencia. Algunas de esas empresas accesorias se creaban poco antes del concurso público. Además de esta empresa hay otro proceso judicial en curso presentado por un particular. 

Pérdidas a las arcas municipales 

Sólo este verano estas prácticas podrían haber hecho perder 1 millón de euros al ayuntamiento, que esperaba recaudar dos millones con el canon. El concurso de la pasada primavera tenía un plazo de cuatro años. Está por ver cómo quedará la situación para el próximo verano tras la investigación. 

El Gobierno local deja claro que esta adjudicación se realizó antes de las elecciones municipales, por lo que el pliego era de anteriores Ejecutivos. Había algunas cláusulas de control en el caso de que algún licitador renunciara, con una sanción de 10.000 euros, pero aún así se habría producido el fraude. 

Cambio de instructor 

La comisión de investigación no estará presidida por el concejal de Turismo, Salvador Llopis, de UCIN (socio de gobierno), como procedería, sino por el de Contratación, Joan Mata, de Projecte Oliva. Y todo porque ayer la oposición insinuó que Llopis tenía amistad con algunos de estos empresarios. Así pues, en aras de la transparencia, la alcaldesa, Yolanda Pastor, de PRO, dio un golpe de timón y decidió poner al frente del expediente a Joan Mata. 

De forma paralela, representantes de los tres partidos de la oposición, PP, Compromís y PSPV-PSOE, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para explicar sus posturas al respecto de esta polémica.  La socialista Ana Morell lamentó la actitud del Gobierno local. “Tras saltar este caso, que en el Gobierno local ya sabían desde este verano, ha faltado información y transparencia, y han sobrado acusaciones”, señaló. También afeó que la alcaldesa hubiera puesto a Llopis al frente del expediente. “Es como poner al zorro a cuidar a las gallinas”, dijo, por lo que pidió su dimisión como concejal delegado.

La portavoz de Compromís y exalcaldesa, Yolanda Balaguer, reivindicó la transparencia del anterior Gobierno local, y lamentó que hayan sabido de este posible fraude por la prensa, “cuando la empresa puso el recurso hace tres meses”. El portavoz del PP, Germán Salazar, comentó que Salvador Llopis sabía que existía este recurso y esta investigación, “y en vez de apartarse se ha ido al Caribe en compañía de empresarios del sector turístico investigados, amigos suyos”. Los portavoces comparecieron en la misma rueda de prensa pero evitaron salir en la foto juntos.