Torró se sentará en el banquillo por el ‘caso Tele 7’: la Fiscalía le pide 8 años de prisión y 20 de inhabilitación

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, a instancias del Ministerio Fiscal, pidió, en un auto fechado el 17 de marzo, la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Valencia contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró (PP) y Ricardo Faura, exadministrador de la mercantil Comarques Centrals Televisió, por el llamado “caso Tele 7”. A ambos les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública, en unos hechos que se remontan  a 2012, durante la legislatura del PP en Gandia (2011-2015). 

En esta causa la Fiscalía solicita 8 años de prisión para cada uno, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la inhabilitación absoluta durante 20 años, y el abono de las costas procesales.

El juez, no obstante, amplía la acusación a otras personas: Javier Reig (vicepresidente de Iniciatives Públiques de Gandia y exconcejal); Antonio Abad (concejal del PP antes y ahora); el gerente de Inversiones Especiales del Mediterráneo José Vicente Codina, el que fuera director de Tele 7, Josep Lluís Giménez y Cristina Serrano, entonces jefa del Área Económica del Ayuntamiento de Gandia. También se acusa a Comarques Centrals Televisió como responsable civil subsidiario. 
 

Por otra parte, entre las personas citadas como testigos en este proceso está el actual portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, que también fue concejal en la legislatura en que Torró fue alcalde. La apertura del juicio oral también comporta el ingreso de una fianza en concepto de responsabilidad civil, que deberán prestar conjunta y solidariamente los acusados, y que la jueza fija en 4.020.000 euros. La acusación particular la ejerce el Ayuntamiento de Gandia. 

Convenios con televisiones privadas 

El “caso Tele 7”, que se inició con una denuncia presentada por el Partido Socialista, investiga los convenios de la empresa pública IPG firmados el 6 de febrero de 2012 por valor de 3,5 millones de euros con dos televisiones privadas, Comarques Centrals Televisió (Telesafor) e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7). Cada una iba a recibir durante tres años 1.750.000 de euros por realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. 

Uno de esos contratos, el de Comarques Centrals, se rescindió antes de tiempo, y el ayuntamiento pagó 500.000 euros por ello, en varios pagos. La Fiscalía apunta que esa cantidad se pagó “no existiendo causa que lo justificase” y “causando un claro perjuicio para las arcas públicas”.

Por otro lado, el PSOE sospecha que Torró, siendo alcalde, también participaba en Inversiones Especiales del Mediterráneo con un testaferro, que sería José Vicente Codina.   Y en el juicio también se deberá determinar por qué el Ayuntamiento de Gandia pagó a Telesafor y a Tele 7 por el simple hecho de emitir información local, cuando, siendo concesionarias de una licencia de televisión de la Generalitat, esa era precisamente su actividad y su obligación.

En un comunicado a través de sus redes sociales, Torró aseguró que está "tranquilo" y que confía en la justicia, y lamentó que el Ayuntamiento de Gandia siga "gastando dinero" en mantener esta causa en los Juzgados.