Torró denuncia a la alcaldesa de Gandia por supuestas irregularidades en la liquidación de IPG

El exalcalde de Gandia Arturo Torró, del PP, presentó el martes pasado una denuncia a título personal en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Gandia contra la actual alcaldesa, Diana Morant, del PSPV-PSOE, por delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos que supuestamente habría cometido durante la liquidación de la empresa pública municipal IPG, en calidad de presidenta de esta sociedad. 

Ese proceso lo inició Torró a finales de su legislatura, en 2014, pero lo retomó el PSOE en 2015 cuando accedió al Gobierno, para cumplir con su promesa electoral de cerrar IPG, hasta que finalmente esta se dio por extinguida en diciembre de 2017, asumiendo la deuda el Ayuntamiento.  La denuncia también se dirige contra los miembros de la Junta de Gobierno Local en 2015, el entonces interventor, los miembros del Consejo de Administración de IPG, los liquidadores, y el auditor de las cuentas anuales.  

Torró, que convocó este miércoles una rueda de prensa en Fomento de AIC para explicar la denuncia, considera que IPG se liquidó “sin aprobar ni presentar cuentas generales, ocultando los activos de la empresa y sobre todo realizando ingresos y pagos sin guardar la prelación y requisitos procedimentales que establece la ley para este tipo de actuaciones societarias”. 

Torró señala que el 7 de marzo de 2016 la Junta General de IPG procedió a su disolución “sin haber aprobado las cuentas de 2014, 2015 y 2016, a pesar de las advertencias del Interventor”. Por ello, según el exalcalde, hubo no sólo “voluntad de ocultar información”, sino también “actuaciones irregulares” durante ese periodo, que ahora pide al juez investigar.  IPG, según Torró, hizo durante el mandato de Diana Morant varias operaciones mercantiles dudosas, como la compraventa de suelo público a pesar de que la empresa tenía una deuda con el Ayuntamiento de 15 millones. “Utilizaron dinero del ayuntamiento para pagar a quien legalmente no puede cobrar”, dijo. 

El exalcalde asegura que preparar esta denuncia, recopilando toda la información, le ha costado “más de dos años”. Dijo sentirse “perseguido” por el Gobierno socialista “quizá por miedo a que yo vuelva a la política”, y espera que “algún partido” se sume a la causa, en el caso de que esta se admita a trámite.  Por otra parte, Torró recordó que en febrero de 2019 la Audiencia Provincial ratificó la legalidad de las transferencias millonarias que se hacían del Ayuntamiento a IPG para “financiar servicios públicos”.

Respuesta del Gobierno
En respuesta a estas acusaciones, el concejal socialista Vicent Mascarell señaló que “estamos ante una cortina de humo del señor Torró, una acción a la desesperada por la cual intenta desviar la atención ante un calvario de procesos judiciales a los que se tendrá que enfrentar en las próximas semanas por su gestión en el Ayuntamiento de Gandia”. Mascarell añadió que la Fiscalía pide para Torró “penas de prisión y de responsabilidad social de más de 7 millones de euros”. 

“En ese marco –precisa Mascarell- se engloba esta denuncia en la que también pretende que se investigue no sólo a miembros del actual Gobierno sino a concejales del PP, como el actual portavoz de Economía”, en referencia a Daniel Martí.  El socialista considera “paradójico” que esta denuncia se presente seis años después de que sucedan los hechos, lo que en su opinión “se enmarca en esta estrategia”. Por último, Mascarell pide a Torró que asuma su rol “como ciudadano y como exalcalde” y no tache “el buen nombre de la ciudad”. 

Cabe recordar que sigue en marcha en los Juzgados, donde fue admitida a trámite, la demanda de responsabilidad social de 3,5 millones presentada por el Gobierno socialista de Gandia en 2018 contra Torró y anteriores consejeros delegados de IPG como Guillermo Barber, Víctor Soler, Javier Reig y Lola Moncho. Torró también sigue acusado por el llamado "Caso Tele7". En ambas causas Fiscalía y Ayuntamiento pedirán penas de prisión.