Pedro Sánchez contó ayer, ya de madrugada, con el apoyo del congreso de los diputados para prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 12 de abril. Fue una sesión insólita, con tan sólo 43 diputados en la cámara, pero no por ello tuvo concesiones. Aunque contó con los votos a favor de los partidos de izquierda, así como del Partido Popular y VOX, los representantes de estos últimos estuvieron especialmente duros con el gobierno y su gestión de la crisis, dejando de lado cualquier tregua e, incluso, rescatando munición política de tiempos pretéritos, muy alejados de la situación actual. Tampoco contó con buenas palabras de grupos como Esquerra Republicana, que pidió un confinamiento total y que se acabó absteniendo en la votación. Pudiera parecer que no es un buen momento perder el tiempo en disputas estériles, y que las críticas brutales a la gestión suenan vacías cuando se es incapaz de concretar alternativas viables, o ideas de confinamientos totales cuyas consecuencias se deberán medir con cuidado.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconocía hace unos días que esta iba a ser una semana muy dura en las cifras de la pandemia y así lo está siendo, con una subida notoria de casos en la que seguimos sin ver el posible pico de afecciones. Las datos de Italia, por otra parte, empiezan a ser esperanzadores, con una cierta contención en el crecimiento del número de afectados y fallecidos. En España aún no es así; la cifra de positivos por coronavirus se sitúa hoy en 56.188, y se superan ya los 4.000 muertos, con 4.089, y 7.015 personas dadas de alta. En la Comunitat Valenciana también se ha producido un repunte, con 3.200 casos detectados y 167 fallecidos. 1.278 personas están ingresadas en centros hospitalarios por esta enfermedad.

Una noticia ciertamente preocupante al respecto de esta crisis es la anunciada baja fiabilidad de un paquete de test rápidos de coronavirus adquiridos por el gobierno central. Unos test que prometían una sensibilidad del 80% están siendo evaluados por científicos españoles, que aseguran que su fiabilidad es mucho menor, de alrededor de un 30%. El gobierno ha procedido a la retirada de esta partida, que afecta según el Ministerio de Sanidad a 9.000 test de los 340.000 adquiridos recientemente, y ha pedido a la empresa a la que los adquirió que los sustituya. Unos test que, asegura, cuentan con todas las garantías para su uso en Europa.

Sin embargo, la embajada china en España ha comunicado a través de las redes sociales que España adquirió estos test fallidos a una empresa que no cuenta con licencia oficial en el país asiático para vender sus productos. La embajada, además, asegura que facilitó al equipo del ministro Illa un listado clasificado de recomendaciones de proveedores para la adquisición de material, entre la que no se encontraba la empresa a la que se han adquirido estos test defectuosos.