España se sitúa a la cola de Europa en cuanto a la penetración de la electro-movilidad en su parque automovilístico, según el último Barómetro de Electro-movilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), correspondiente al último trimestre de 2019. La media europea se sitúa en 27,9 puntos sobre 100, con un crecimiento de 3 puntos, mientras que la media española solo crece 3 décimas respecto al trimestre anterior, con una valoración de 16,4 puntos. El escaso desarrollo de las infraestructuras y la necesidad de incrementar el ritmo de entregas de estos vehículos, en un entorno de caída general de las matriculaciones, justifican este avance más lento, según la asociación. Madrid y Cataluña siguen liderando la clasificación estatal. 

Así, aunque las ventas de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables continúan creciendo en los últimos meses, su ritmo ha sido más lento y está aún muy por debajo de la media UE-15 (27,9 puntos). Y esto a pesar de que casi todas las Comunidades Autónomas, menos Cantabria, han contado con el Plan Moves de incentivo para la adquisición de vehículos electrificados. A cierre de 2019, todavía quedaban por consumir algo más de 7 millones de euros asignados al Plan Moves 2019. Este plan, según señaló ANFAC, «no ha tenido la eficacia deseada para las matriculaciones de vehículos por la puesta en marcha escalonada en función de la Comunidad Autónoma y por el requisito obligatorio de achatarramiento de vehículo de más de diez años para poder acceder a las ayudas de adquisición de vehículos eléctricos, requisito que impide a las empresas acceder a las ayudas». En cuanto al desarrollo de infraestructuras de recarga, España ha crecido 6 décimas en el indicador de penetración. Pero todavía se registra un crecimiento lento en comparación con la media de UE-15, que se sitúa diez puntos por encima de la media española, con 27,3. lidan en las primeras posiciones del ranking, superando o aproximándose a los objetivos fijados.  

Ante estos resultados, ANFAC propone que el Gobierno adopte incentivos para garantizar «una red de puntos de recarga pública suficiente y eficiente que aporte seguridad y confianza en los usuarios».