Dos asociaciones de la Guardia Civil se enfrentan tras la denuncia de Tavernes

La denuncia que presentó la Plataforma per la Llengua ante la Subdelegación del Gobierno en València y ante la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat contra dos agentes de la Guardia Civil, a los que acusan de impedir expresarse en valenciano a dos jóvenes a los que pararon en un control de alcoholemia, ha derivado de forma paralela en un cruce de acusaciones entre dos asociaciones, Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) y la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).

APROGC aseguró el miércoles en un comunicado de prensa que los dos agentes de Tavernes de Valldgina denunciados por abuso y discriminación lingüística "no pidieron en ningún momento al conductor ni a los ocupantes del vehículo que utilizasen la lengua castellana". Según APROGC, "es habitual que en la interacción de los agentes de la Guardia Civil con usuarios en la Comunitat Valenciana los ciudadanos utilicen la lengua valenciana, y se relacionan con ellos con total normalidad".

La asociación relata que los dos agentes actuaron "correctamente" y nunca han tenido problemas de esta índole, y explicó que, durante un control de alcoholemia y consumo de drogas, el conductor de un vehículo "exigió a los agentes que le hablasen en catalán o en valenciano". APROGC explicó que el conductor alegó que si no le hablaban en el idioma “de su país” no les reconocería como agentes de la autoridad y haría caso omiso a sus indicaciones, y los agentes, según esta versión, le respondieron que no tenían impedimento en que se expresase en la lengua que considerase más apropiada.

Según las mismas fuentes, los agentes le explicaron que entendían la lengua valenciana pero no la hablaban, que le estaban hablando en el idioma oficial del Estado español, y que si no seguía sus indicaciones y realizaba la prueba de alcohol a la que legalmente estaba obligado cometería un delito contra la seguridad vial. Añadieron que, durante la prueba de alcoholemia y de drogas, este conductor "no paraba de exigir a los agentes que le hablasen en valenciano o catalán, y preguntaba a otros usuarios de su mismo vehículo si los agentes estaban obligados legalmente a dirigirse a él en ese idioma".

Asimismo, según APROGC, una viajera del vehículo se dirigía también a los agentes "exigiendo que les hablasen en valenciano y animaba a usuarios de otros vehículos detenidos en el control a que hablasen a los agentes en valenciano y que exigiesen que los guardias civiles se dirigiesen a ellos en esa lengua".

Ahora bien, JUCIL desacreditó con otro comunicado el hecho de que APROGC lanzara esta nota, porque la entidad era “ajena al asunto” y la versión “no está contrastada con los agentes”. La asociación criticó que al informar de los hechos “incurrió en una clara connotación ideológica, con la finalidad de complicar, aún más si cabe, la ya de por sí difícil labor de los agentes y deteriorar gravemente su convivencia en la provincia”. JUCIL añadió que ha ofrecido sus servicios jurídicos a su asociado “en aras de un justo desenlace” y destacó la “profesionalidad” de los agentes.