La Audiencia Provincial archiva la querella contra Torró por los créditos a la empresa pública IPG
El tribunal considera que no hubo delito al transferir el dinero ya que la inyección se destinó a servicios públicos. Ratifica el archivo que ya hizo el pasado mes de junio el Juzgado 3 de Gandia.
La Audiencia Provincial de Valencia ha archivado la querella que presentó el concejal del PSPV-PSOE Vicent Mascarell contra el que fuera alcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP, y el gerente de IPG, Gonzalo Morant, a cuenta de las constantes transferencias en forma de créditos a corto plazo que durante la pasada legislatura realizaba el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública. En junio de 2015, tras formarse el nuevo Gobierno de izquierdas, el Ayuntamiento también se personó como acusación en la causa.
Los créditos, en total unos 10 millones, se produjeron a pesar de que Gandia estaba sometida a un Plan de Ajuste. Con todo, el tribunal, tras analizar los hechos, considera que no hubo delito al transferir este dinero ya que la inyección se destinó a servicios públicos y a gastos “que eran propios de la administración”.
Con ello da la razón al Juzgado 3 de Gandia, que tampoco archivó en junio pasado al no ver delitos de prevaricación, si bien tanto Mascarell como el Consistorio recurrieron. La Audiencia obliga a los querellantes a pagar las costas del recurso.
La Audiencia Provincial de Valencia ha archivado la querella que presentó el concejal del PSPV-PSOE Vicent Mascarell contra el que fuera alcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP, y el gerente de IPG, Gonzalo Morant, a cuenta de las constantes transferencias en forma de créditos a corto plazo que durante la pasada legislatura realizaba el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública. En junio de 2015, tras formarse el nuevo Gobierno de izquierdas, el Ayuntamiento también se personó como acusación en la causa.
Los créditos, en total unos 10 millones, se produjeron a pesar de que Gandia estaba sometida a un Plan de Ajuste. Con todo, el tribunal, tras analizar los hechos, considera que no hubo delito al transferir este dinero ya que la inyección se destinó a servicios públicos y a gastos “que eran propios de la administración”.
Con ello da la razón al Juzgado 3 de Gandia, que tampoco archivó en junio pasado al no ver delitos de prevaricación, si bien tanto Mascarell como el Consistorio recurrieron. La Audiencia obliga a los querellantes a pagar las costas del recurso.
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