Gandia amplía las cláusulas sociales y medioambientales para adjudicar contratos públicos

El coportavoz del Gobierno de Gandia y concejal de Administración y Modernización, José Manuel Prieto, informó que la Junta de Gobierno ha aprobado la instrucción que amplía las cláusulas sociales y medioambientales de Contratación del Ayuntamiento de Gandia, de acuerdo con la nueva ley en vigor.

Prieto dijo que ya en octubre de 2016 el Ayuntamiento de Gandia se convirtió en uno de los consistorios pioneros en aprobar las primeras cláusulas de responsabilidad social en los pliegos administrativos en las licitaciones municipales. "Hoy volvemos a ser referentes, porque ampliamos las cláusulas aprobadas en 2016 con esta Instrucción, que profundiza, mejora, amplía y concreta las cláusulas sociales y medioambientales, y que marca un nuevo criterio de exigencia ética y transparencia en nuestra contratación pública".

El concejal opina que esta exigencia “no es sólo un parámetro de ética en nuestra administración,   contribuye a prestar mejor nuestros servicios, y a hacerlos más eficientes, como se demostró con la gestión de las ‘escoletes”. Como novedades contempla la inclusión de más criterios sociales y medioambientales; reservas en los contratos para las empresas de inserción y centros especiales de trabajo de iniciativa social; y facilitar el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, y las empresas de economía social.

La Instrucción se pondrá en marcha en menos de un mes e implicará diversas medidas, entre ellas las siguientes:

1. Se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

2. Se incorporan las políticas en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y de promoción de las pymes en los pliegos de las licitaciones.

3. El Ayuntamiento de Gandia se reserva el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de contratos sólo en centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción reguladas.

4. Reserva de al menos el 5% del volumen de contratación anual a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción. En este tipo de contratos reservados podrán participar empresas o centros que acrediten que al menos entre el 30 y el 50% de sus empleados son trabajadores en riesgo de exclusión social.