El Ayuntamiento de Gandia coordinará las labores post-emergencia del incendio
El Gobierno local constituye cuatro grupos de trabajo relacionados con vivienda, medio ambiente, servicios básicos y limpieza y desescombro. División de opiniones entre los vecinos de las urbanizaciones afectadas sobre cómo se actuó para extinguir el fuego.
![[Img #21603]](upload/img/periodico/img_21603.jpg)
La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, presidió el viernes pasado una reunión donde participaron Francisco Molina, director territorial de la Presidencia en Valencia, técnicos de la empresa pública Tragsa encomendados por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y miembros del Gobierno local. El motivo de la misma fue empezar a coordinar todo el dispositivo tras el incendio forestal de Llutxent. Esto implica varias vías de actuación para preservar el entorno y posibilitar el acceso a las propiedades privadas donde hay afecciones.
Una vez extinguido el incendio y superados los días que han permitido dar seguridad a los vecinos, ahora comienza la fase de post-emergencia. La primera de las actuaciones será la declaración de zona de emergencia por parte del Consejo de Ministros que permite la actuación en propiedades públicas y privadas además de ayudas a los afectados por las llamas.
![[Img #21602]](upload/img/periodico/img_21602.jpg)
Por otra parte, la Diputación de Valencia debe establecer líneas de colaboración para llevar a cabo las mejoras necesarias en la carretera provincial afectada, la CV-675 hacia Barx. En el caso de la Generalitat se encargará de dar soluciones habitacionales para todas aquellas personas que hayan perdido su primera residencia. A partir del lunes se empezará a redactar un decreto del Consell que afectará a los siete municipios afectados por el incendio.
Ahora se inician las tareas para eliminar o solucionar la situación de todos aquellos elementos que pueden causar daños personales o en las estructuras como árboles, farolas, caminos o muros. Esta actuación correrá a cargo de la empresa Tragsa que ya está evaluando las zonas donde actuar directamente.
Paralelamente, la segunda actuación está relacionada con la habitabilidad y realizará actuaciones para que las personas puedan retornar a sus viviendas con las máximas condiciones de seguridad. Para ello se pondrán en marcha cuatro grupos de trabajo relacionados con vivienda, medio ambiente, servicios básicos y limpieza y desescombro. La coordinación de las medidas a tomar por parte del Gobierno de España, el Consell y la Diputación se realizará desde el Consistorio, ya que es la administración más cercana al ciudadano y la que más información posee de la situación actual.
División de opiniones
Entre los vecinos afectados de las urbanizaciones de Montesol, Montepino y Las Cumbres hay división de opiniones sobre cómo se actuó para extinguir el incendio y proteger las propiedades. Una parte estudia interponer una demanda civil y penal por negligencia y omisión del deber, ya que opinan que el segundo día del incendio, el martes, se podía haber evitado la llegada de las llamas a las urbanizaciones. Para inciar este proceso judicial necesitan constituirse en asociación.
Por otra, el presidente de la urbanización Montesol, Gabriel Fernández, emitió el viernes un comunicado en el que hizo público su agradecimiento al Ayuntamiento de Gandia “por la gestión respecto a los afectados, tanto por la organización desplegada y la rápida recuperación de los servicios básicos, como por el trato humano recibido”. Añdió, sobre las quejas de vecinos aparecidas estos días en los medios, que es “falsa la representatividad que parece asignarse alguna persona” y añadió que hay residentes “que se han negado a colaborar en los costes de mantenimiento del sistema antiincendios de esta urbanización”.
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La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, presidió el viernes pasado una reunión donde participaron Francisco Molina, director territorial de la Presidencia en Valencia, técnicos de la empresa pública Tragsa encomendados por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y miembros del Gobierno local. El motivo de la misma fue empezar a coordinar todo el dispositivo tras el incendio forestal de Llutxent. Esto implica varias vías de actuación para preservar el entorno y posibilitar el acceso a las propiedades privadas donde hay afecciones.
Una vez extinguido el incendio y superados los días que han permitido dar seguridad a los vecinos, ahora comienza la fase de post-emergencia. La primera de las actuaciones será la declaración de zona de emergencia por parte del Consejo de Ministros que permite la actuación en propiedades públicas y privadas además de ayudas a los afectados por las llamas.
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Por otra parte, la Diputación de Valencia debe establecer líneas de colaboración para llevar a cabo las mejoras necesarias en la carretera provincial afectada, la CV-675 hacia Barx. En el caso de la Generalitat se encargará de dar soluciones habitacionales para todas aquellas personas que hayan perdido su primera residencia. A partir del lunes se empezará a redactar un decreto del Consell que afectará a los siete municipios afectados por el incendio.
Ahora se inician las tareas para eliminar o solucionar la situación de todos aquellos elementos que pueden causar daños personales o en las estructuras como árboles, farolas, caminos o muros. Esta actuación correrá a cargo de la empresa Tragsa que ya está evaluando las zonas donde actuar directamente.
Paralelamente, la segunda actuación está relacionada con la habitabilidad y realizará actuaciones para que las personas puedan retornar a sus viviendas con las máximas condiciones de seguridad. Para ello se pondrán en marcha cuatro grupos de trabajo relacionados con vivienda, medio ambiente, servicios básicos y limpieza y desescombro. La coordinación de las medidas a tomar por parte del Gobierno de España, el Consell y la Diputación se realizará desde el Consistorio, ya que es la administración más cercana al ciudadano y la que más información posee de la situación actual.
División de opiniones
Entre los vecinos afectados de las urbanizaciones de Montesol, Montepino y Las Cumbres hay división de opiniones sobre cómo se actuó para extinguir el incendio y proteger las propiedades. Una parte estudia interponer una demanda civil y penal por negligencia y omisión del deber, ya que opinan que el segundo día del incendio, el martes, se podía haber evitado la llegada de las llamas a las urbanizaciones. Para inciar este proceso judicial necesitan constituirse en asociación.
Por otra, el presidente de la urbanización Montesol, Gabriel Fernández, emitió el viernes un comunicado en el que hizo público su agradecimiento al Ayuntamiento de Gandia “por la gestión respecto a los afectados, tanto por la organización desplegada y la rápida recuperación de los servicios básicos, como por el trato humano recibido”. Añdió, sobre las quejas de vecinos aparecidas estos días en los medios, que es “falsa la representatividad que parece asignarse alguna persona” y añadió que hay residentes “que se han negado a colaborar en los costes de mantenimiento del sistema antiincendios de esta urbanización”.











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