La Generalitat prevé 18 millones para el futuro Palacio de Justicia de Gandia en Santa Anna
El Consell destinará 200 millones de euros para la construcción y rehabilitación de sedes judiciales en la Comunitat Valenciana.
![[Img #20659]](upload/img/periodico/img_20659.jpg)
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, presentaron el martes en el Palau de la Generalitat el Plan de Infraestructuras Judiciales, en el que se contempla el Palacio de Justicia de Gandia con una inversión de 17,5 millones de euros, y la sede de la Fiscalía con 616.000 euros.
La alcaldesa, Diana Morant, que ha asistido al acto, mostró su satisfacción ante este evento y remarcó que “este gesto del Consell demuestra que Gandia es importante para la Generalitat así como su apuesta clara y firme por la justicia al convertir las reivindicaciones en realidades". Según prevé este plan, Gandia será la tercera ciudad que más inversión reciba de la Comunitat Valenciana después de Alicante y Valencia.
"El Palacio de Justicia ha sido demandado desde hace décadas tanto por el colectivo de profesionales de la justicia como por los ciudadanos, que veían como mientras avanzaba y crecía la ciudad y mejoraban sus servicios, el mundo judicial se quedaba relegado y obsoleto por la falta de inversión durante tantos años por parte de los gobiernos del PP en la Generalitat”, añadió Morant.
Diana Morant señaló que la infraestructura también dinamizará el barrio de Santa Anna, para quedar definitivamente integrado en la trama urbana. La consellera de Justicia ya anunció en abril, durante la visita a la nueva sede de la Fiscalía, que el Plan de Infraestructuras incluiría el Palacio de Justicia. Bravo comentó que la gestión se podrá dirigir desde el Ayuntamiento para agilizar el proyecto, tal como ha hecho la Conselleria de Educación con el Edificant.
El Ayuntamiento de Gandia, por su parte, ya ha remitido a la Conselleria de Justicia la solicitud de delegación de competencias para su proyección, construcción y equipamiento. Será en el marco de un convenio de colaboración entre las dos administraciones que verá la luz definitivamente.
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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, presentaron el martes en el Palau de la Generalitat el Plan de Infraestructuras Judiciales, en el que se contempla el Palacio de Justicia de Gandia con una inversión de 17,5 millones de euros, y la sede de la Fiscalía con 616.000 euros.
La alcaldesa, Diana Morant, que ha asistido al acto, mostró su satisfacción ante este evento y remarcó que “este gesto del Consell demuestra que Gandia es importante para la Generalitat así como su apuesta clara y firme por la justicia al convertir las reivindicaciones en realidades". Según prevé este plan, Gandia será la tercera ciudad que más inversión reciba de la Comunitat Valenciana después de Alicante y Valencia.
"El Palacio de Justicia ha sido demandado desde hace décadas tanto por el colectivo de profesionales de la justicia como por los ciudadanos, que veían como mientras avanzaba y crecía la ciudad y mejoraban sus servicios, el mundo judicial se quedaba relegado y obsoleto por la falta de inversión durante tantos años por parte de los gobiernos del PP en la Generalitat”, añadió Morant.
Diana Morant señaló que la infraestructura también dinamizará el barrio de Santa Anna, para quedar definitivamente integrado en la trama urbana. La consellera de Justicia ya anunció en abril, durante la visita a la nueva sede de la Fiscalía, que el Plan de Infraestructuras incluiría el Palacio de Justicia. Bravo comentó que la gestión se podrá dirigir desde el Ayuntamiento para agilizar el proyecto, tal como ha hecho la Conselleria de Educación con el Edificant.
El Ayuntamiento de Gandia, por su parte, ya ha remitido a la Conselleria de Justicia la solicitud de delegación de competencias para su proyección, construcción y equipamiento. Será en el marco de un convenio de colaboración entre las dos administraciones que verá la luz definitivamente.
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