La Justicia da el carpetazo definitivo al ‘caso de los despachos’ en Gandia

La Audiencia Provincial considera que no hubo “asalto a los despachos” en Gandia, cuando la alcaldesa, Diana Morant, ordenó tras ser investida, que se cerraran las dependencias municipales así como de la empresa pública IPG para impedir que nadie que no fuera funcionario accediera a los mismos, con el fin de preservar y custodiar la documentación existente.

La Audiencia, por tanto, da la razón al actual Gobierno local y desestima el último recurso presentado por los denunciantes de este caso, el exalcalde Arturo Torró (PP) y otros miembros de su equipo por los supuestos delitos de “amenazas, falsedad documental y prevaricación”. El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ya había archivado la causa, pero los querellantes recurrieron.  

Se desmonta, según la sentencia, de que hubieran insultos o escenas violentas en la segunda planta del ayuntamiento el lunes siguiente a la investidura, como apuntaron los denunciantes. La Audiencia también avala que la orden de Diana Morant fuera verbal, ya que entre los días 13 y 15 de junio de 2015 la alcaldesa todavía no tenía firma digital. Los magistrados creen que fue una orden “prudente” que “en modo alguno puede tacharse de arbitraria”. Tampoco hay prevaricación porque “el acceso al puesto de trabajo” del alcalde y los entonces asesores “se incardina en la adopción de medidas cautelares y el intento de evitar el borrado de la información”.

Tras conocerse esta sentencia, Diana Morant expresó que “todo fue un montaje del PP para desprestigiarme” y añadió que “el tiempo pone a cada uno en su lugar”.