Cuatro juzgados investigan si el PSPV y Compromís se financiaron de forma ilegal en las elecciones de 2007
La Justicia quiere saber si la agencia de comunicación gandiense Crespo Gomar facturaba a constructoras a cambio de adjudicaciones posteriores de obra pública durante el Gobierno de Zapatero. El ‘modus operandi’ podría ser parecido al de la trama Gürtel. La denuncia la presentó el PP.
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Cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid investigan si el PSPV-PSOE y el Bloc (dentro de Compromís) se financiaron de forma ilegal durante la campaña electoral de 2007 en la Comunitat Valenciana. La Justicia quiere saber si ambos partidos cargaron gastos electorales a constructoras a cambio de posteriores adjudicaciones de obra pública por parte del Gobierno central, liderado entonces por el socialista Zapatero.
La noticia la desveló en exclusiva el pasado miércoles el periódico ‘El Mundo’, y después ha sido recogida por varios medios. Según este diario, los hechos los investigaba el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia desde 2016, pero en enero de 2018 se inhibió en los otros.
Las investigaciones tienen como foco la agencia de comunicación Crespo Gomar, que tuvo sede en Gandia y que realizó varios encargos para el PSOE. Uno de sus propietarios, Alberto Gomar, es hijo de quien fuera concejal Antoni Gomar, durante el mandato del alcalde José Manuel Orengo (2003-2011). Por aquél entonces el secretario general del PSPV-PSOE era Joan Ignasi Pla, y el presidente del Bloc, Enric Morera.
El “modus operandi” sería similar a la trama Gürtel, con una agencia que facturaba a constructoras y empresas de servicios. Crespo Gomar entró en concurso de acreedores en 2011 y se liquidó y extinguió en 2014. El origen del caso está en una denuncia presentada por el PP. Se sospecha que esta denuncia podría haberse gestado también en Gandia, ya que los populares ganaron la Alcaldía en 2011 y tuvieron acceso a la información.
El presunto delito electoral habría prescrito, pero no los supuestos de malversación, prevaricación o falsedad. La pieza que sí seguirá investigándose son las presuntas irregularidades en la adjudicación de cinco campañas de publicidad y comunicación a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad y Vivienda y la empresa pública Acuamed. Con el Gobierno de Zapatero, la empresa gandiense logró adjudicaciones por valor de 3 millones de euros.
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Cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid investigan si el PSPV-PSOE y el Bloc (dentro de Compromís) se financiaron de forma ilegal durante la campaña electoral de 2007 en la Comunitat Valenciana. La Justicia quiere saber si ambos partidos cargaron gastos electorales a constructoras a cambio de posteriores adjudicaciones de obra pública por parte del Gobierno central, liderado entonces por el socialista Zapatero.
La noticia la desveló en exclusiva el pasado miércoles el periódico ‘El Mundo’, y después ha sido recogida por varios medios. Según este diario, los hechos los investigaba el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia desde 2016, pero en enero de 2018 se inhibió en los otros.
Las investigaciones tienen como foco la agencia de comunicación Crespo Gomar, que tuvo sede en Gandia y que realizó varios encargos para el PSOE. Uno de sus propietarios, Alberto Gomar, es hijo de quien fuera concejal Antoni Gomar, durante el mandato del alcalde José Manuel Orengo (2003-2011). Por aquél entonces el secretario general del PSPV-PSOE era Joan Ignasi Pla, y el presidente del Bloc, Enric Morera.
El “modus operandi” sería similar a la trama Gürtel, con una agencia que facturaba a constructoras y empresas de servicios. Crespo Gomar entró en concurso de acreedores en 2011 y se liquidó y extinguió en 2014. El origen del caso está en una denuncia presentada por el PP. Se sospecha que esta denuncia podría haberse gestado también en Gandia, ya que los populares ganaron la Alcaldía en 2011 y tuvieron acceso a la información.
El presunto delito electoral habría prescrito, pero no los supuestos de malversación, prevaricación o falsedad. La pieza que sí seguirá investigándose son las presuntas irregularidades en la adjudicación de cinco campañas de publicidad y comunicación a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad y Vivienda y la empresa pública Acuamed. Con el Gobierno de Zapatero, la empresa gandiense logró adjudicaciones por valor de 3 millones de euros.
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