El Gobierno de Gandia ha procedido al cierre definitivo de la empresa pública Iniciativas Públicas de Gandia (IPG) con la firma de la escritura de cesión global de activos y pasivos al Ayuntamiento de Gandia , que es el socio único de la entidad. El acto notarial se produjo el 27 de diciembre y participaron en representación del Ayuntamiento, la alcaldesa, Diana Morant; y los liquidadores de la empresa Francisco Pons, Vicent Mascarell, Salvador Marí y Emili Morant. Esta escritura se acompaña con un estado actual de cuentas de la empresa y un inventario de propiedades. En el momento en que esta cesión de activos y pasivos se inscriba en el Registro Mercantil (un trámite burocrático que puede tardar unas pocas semanas), se producirá de hecho la extinción de la empresa pública de Gandia.

Con ello, el Gobierno de Gandia, con el apoyo activo y la participación de Ciudadanos, termina el año 2017 cumpliendo una promesa electoral. Diana Morant, Lorena Milvaques y Ciro Palmer coincidieron en que en la pasada legislatura, con el PP, IPG fue “un foco de opacidad, de mala gestión y de deuda”.

Desde ahora, el Ayuntamiento asume los bienes que le quedan a la empresa pública, los trabajadores, y asume también la deuda que queda por pagar, unos 6,5 millones de euros.

En las últimas semanas se han pagado 4 millones de euros en facturas y ha conseguido vender los bajos del edificio nuevo de Simancas cancelando así un crédito de alrededor de 5 millones de euros, una operación similar en importancia y magnitud a la reversión de la compra de la bolera junto al Gandia Palace. Los proveedores que aún no han cobrado pasan a ser ahora acreedores del Ayuntamiento, que satisfará esas deudas durante los primeros meses del ejercicio presupuestario 2018.

Hace poco más de 10 años nacía en Gandia Iniciativas Públicas, la matriz de tres empresas públicas creadas con una triple finalidad: hacer accesible la vivienda en el momento de mayor vigencia de la burbuja inmobiliaria, promover la actividad del deporte. Y, por último, introducir en el sector turístico en el sistema productivo de la ciudad para gestionar uno de los motores económicos más importantes de Gandia: el Turismo.

Todos sus cuentas se aprobaron con balances económicos positivos, incluso el del año 2011, que ya fue aprobado por un gobierno del PP en 2012. Pero la empresa pública en manos del PP fue, según el Gobierno, una herramienta "que condenó las futuras generaciones locales a tener que pagar las malas gestiones del ejecutivo popular. “Aquel Partido Popular que en 2011 prometió cerrar las empresas públicas fusionó las tres empresas en una sola y nunca cumplió su promesa de cerrar la empresa pública. En definitiva, IPG se convirtió en la herramienta favorita del PP, desde la que llevaron a cabo su política de clientelismo, enchufismo y gestión oscura del dinero de todos los gandienses y las gandienses”, añadieron.