La revista ‘Sociedad y Política’ no logra ejecutar el embargo sobre la oficina de turismo de Gandia
El juzgado impide que “Sociedad y Política” se quede con el edificio, valoradoen medio millón, por una deuda de 85.000 euros con la empresa pública.
![[Img #15118]](upload/img/periodico/img_15118.jpg)
Finalmente Altoclaro, la empresa editora de la revista “Sociedad y Política” no se quedará con el chalé que albergaba la oficina de turismo en la playa de Gandia, sobre el que pesaba una orden de embargo.
La revista se editó en papel cuché en la pasada legislatura y se caracterizó por elogiar la acción del Gobierno anterior, del PP. La revista cobró casi un millón de euros en concepto de publicidad, pero al acceder Diana Morant a la Alcaldía todavía quedaba una deuda pendiente de 85.000 euros con IPG, por lo que la empresa reclamó y logró que pesara una orden de embargo sobre este inmueble municipal valorado en 500.000 euros.
Pero finalmente los servicios jurídicos municipales han logrado que no se ejecutara. El juez del número 2 de Gandia, en un reciente auto, considera que el edificio presta un servicio público, y por tanto es inalienable al ayuntamiento. No obstante, Altoclaro cobrará la deuda de IPG, como la del resto de proveedores que Gandia tiene previsto liquidar.
Finalmente Altoclaro, la empresa editora de la revista “Sociedad y Política” no se quedará con el chalé que albergaba la oficina de turismo en la playa de Gandia, sobre el que pesaba una orden de embargo.
La revista se editó en papel cuché en la pasada legislatura y se caracterizó por elogiar la acción del Gobierno anterior, del PP. La revista cobró casi un millón de euros en concepto de publicidad, pero al acceder Diana Morant a la Alcaldía todavía quedaba una deuda pendiente de 85.000 euros con IPG, por lo que la empresa reclamó y logró que pesara una orden de embargo sobre este inmueble municipal valorado en 500.000 euros.
Pero finalmente los servicios jurídicos municipales han logrado que no se ejecutara. El juez del número 2 de Gandia, en un reciente auto, considera que el edificio presta un servicio público, y por tanto es inalienable al ayuntamiento. No obstante, Altoclaro cobrará la deuda de IPG, como la del resto de proveedores que Gandia tiene previsto liquidar.
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