La última campaña de puntuales acciones vandálicas contra intereses turísticos en Cataluña, Baleares y País Vasco por parte de grupos juveniles antisistema ha tenido un enorme eco mediático, quizá engordado por la sequía informativa propia de estas fechas y la competencia entre destinos turísticos, pero que no deja de ser preocupante por el efecto disuasorio que pueda tener en cuanto a imagen, especialmente fuera de España.  
Toda manifestación de violencia es condenable, pero a nadie se le escapa que existe un debate de fondo, y es el peligro que conlleva la masificación de los destinos, especialmente los urbanos, con el consiguiente fenómeno de la «turismofobia», palabra de uso cada vez más común. 

Por otra parte, el alquiler indiscriminado de apartamentos para uso turístico, muchos de ellos irregulares y alentado por plataformas «on line»,  genera problemas de ruido y convivencia y acaba distorsionando el mercado inmobiliario. La ciudad de Valencia ya se ha planteado aplicar una tasa por este concepto. Pero el culpable no es el sector en sí mismo, una industria que genera casi el 13% del PIB en España y que este año va como una moto. 

En la playa de Gandia, en la Safor, e incluso en toda la Comunitat Valenciana no se dan, al menos todavía, tales extremos de fobia al turista, más allá de rencillas localistas. Hay que tener en cuenta que cuando viajamos, todos nos convertimos en turistas. 

No obstante, conviene estar atentos y velar por la calidad del destino, porque cuesta mucho construir una marca y se tarda muy poco en destruirla. Gandia debe apostar por el turismo familiar pero sin descuidar por ello la fiesta, el ocio y los jóvenes, una garantía para no envejecer y convertirse en lo que los expertos conocen como «destinos maduros».  A veces la línea entre tener una animada vida nocturna y el «turismo de borrachera» y «low-cost» es muy delgada, pero en el equilibrio está la virtud. 

En este sentido, en Gandia la política urbanística también puede ofrecer soluciones. Los planes para trasladar los locales de ocio de la plaza Castell a la nueva zona de equipamientos privados, la prohibición de licencias para convertir un negocio en vivienda particular y evitar así la «residencialización», o la protección de entornos de interés arquitectónico  como las «Casas de los Pescadores», en el Grau, son medidas que ayudarán a pacificar la playa.