El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy abunda en algo que ya no es ninguna novedad, pero no por ello deja de ser denunciable: el castigo en inversiones a la Comunitat Valenciana en general, y a la comarca de la Safor en particular.

Del Estado llegarán 589 millones a la C. Valenciana (290 menos que en 2016), un 8% del volumen global, y muy por debajo tanto del peso por población como del PIB territorial. Cada valenciano recibirá 119 euros para infraestructuras, 57 euros menos que en los PGE de 2016 y 66 euros menos que la media española para 2017. 

Con este panorma, en la Safor, las cuentas del Estado para 2017 alejan, todavía más, cualquier voluntad de avanzar en proyectos como el Tren de la Costa (ya el propio Ministerio de Fomento lo consideró no rentable en un estudio informativo) o soluciones para descongestionar el tráfico de la carretera N-332. De poco servirá que la AP-7 quede libre de peaje el 1 de enero de 2020 (tampoco está claro que en el futuro sea 100% gratuita) si a Oliva no llega un enlace sur con la autopista para que ésta pueda hacer de ronda para los pueblos al sur de Gandia.

El Ejecutivo de Rajoy ni siquiera se ha dignado en consignar partidas considerables para expropiar o redactar el proyecto constructivo del enlace, aunque fueran unos miles de euros para hacer el paripé, como viene sucediendo con el tren Gandia-Dénia. El presupuesto para este tramo de carretera, de 3 kilómetros, es de 29 millones, y se esperaba para 2016-2017.

Sólo el acceso sur al puerto de Gandia sigue adelante con el plan de inversiones previsto, en gran parte por las gestiones del actual delegado del Gobierno, el gandiense Juan Carlos Moragues.

Y todo esto sucede mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue apretando a los ayuntamientos «intervenidos», impidiéndoles destinar el superávit a ayudas sociales o a inversiones, y obligándoles a gastarlo en amortizar deuda, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad.

La broma de mal gusto que suponen estos PGE (previsiblemente se aprobarán en junio) debe provocar una respuesta contundente de los partidos políticos y de las instituciones valencianas, pero también se debería movilizar la ciudadanía. ¿Habrá que hacerse ahora canario, catalán o vasco para recibir lo que nos corresponde? Una buena ocasión sería el 25 d’Abril, fecha en que los valencianos conmemoramos otro agravio histórico, el de la abolición de los fueros y todo lo que vino después.