El juez archiva la llamada ‘causa de los créditos’ contra Orengo en Gandia
El exalcalde del PP Arturo Torró acusó a su predecesor de firmar unos créditos bancarios municipales sin el preceptivo informe favorable del interventor.
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El Juzgado de Instrucción 1 de Gandia ha archivado la llamada «causa de los créditos», en la que el exalcalde del PP Arturo Torró acusó a su predecesor, el socialista José Manuel Orengo, de firmar unos créditos bancarios municipales sin el preceptivo informe favorable del interventor. Orengo y su concejala de Hacienda, Ana García, resultaron imputados, pero también el que fuera concejal de la misma área en la legislatura del PP, Guillermo Barber.
El juez argumenta que no queda debidamente justificado el delito de prevaricación. Argumenta que no queda «debidamente justificado el delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal» y que «el reparo a la legalidad del interventor del ayuntamiento no tiene efectos vinculantes ni suspensivos». También alude al artículo 135 de la Constitución, el referente a la estabilidad presupuestaria, así como a las competencias que debía haber ejercido la administración autonómica y que finalmente no llevó a cabo.
Ni Orengo ni Torró recurrirán este auto, con lo cual el asunto queda totalmente zanjado. Los socialistas de Gandia mostraron su satisfacción por el archivo de la querella. Su portavoz municipal, José Manuel Prieto, declaró que "por fin ha terminado la etapa de persecución a nuestros compañeros por su gestión, y el tiempo nos ha dado la razón". Desde el PSPV-PSOE local lamentaron que el PP "gastara dinero de todos los gandienses con denuncias falsas y sin fundamento que sólo tenían la intención de poner dudas sobre la gestión anterior".
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El Juzgado de Instrucción 1 de Gandia ha archivado la llamada «causa de los créditos», en la que el exalcalde del PP Arturo Torró acusó a su predecesor, el socialista José Manuel Orengo, de firmar unos créditos bancarios municipales sin el preceptivo informe favorable del interventor. Orengo y su concejala de Hacienda, Ana García, resultaron imputados, pero también el que fuera concejal de la misma área en la legislatura del PP, Guillermo Barber.
El juez argumenta que no queda debidamente justificado el delito de prevaricación. Argumenta que no queda «debidamente justificado el delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal» y que «el reparo a la legalidad del interventor del ayuntamiento no tiene efectos vinculantes ni suspensivos». También alude al artículo 135 de la Constitución, el referente a la estabilidad presupuestaria, así como a las competencias que debía haber ejercido la administración autonómica y que finalmente no llevó a cabo.
Ni Orengo ni Torró recurrirán este auto, con lo cual el asunto queda totalmente zanjado. Los socialistas de Gandia mostraron su satisfacción por el archivo de la querella. Su portavoz municipal, José Manuel Prieto, declaró que "por fin ha terminado la etapa de persecución a nuestros compañeros por su gestión, y el tiempo nos ha dado la razón". Desde el PSPV-PSOE local lamentaron que el PP "gastara dinero de todos los gandienses con denuncias falsas y sin fundamento que sólo tenían la intención de poner dudas sobre la gestión anterior".









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