Gandia reduce 11 millones la deuda de IPG y confía en cerrarla antes del verano

La junta general de la empresa pública de Gandia, IPG en liquidación, aprobó el pasado jueves día 9 tres operaciones de calado que reducen su deuda en 11 millones de euros. Es un paso más que da el Gobierno de izquierdas para cerrar la mercantil antes de este verano, según las previsiones que manejan PSPV-PSOE y Més Gandia.

Esas tres operaciones aprobadas por los liquidadores afectan a las boleras del Gandia Palace, al parking subterráneo del nuevo residencial de Simancas y al contrato con Becos, propietaria de la discoteca Cocoloco, todos ellos trámites iniciados por el PP el anterior legislatura, que gobernó con mayoría absoluta.

En el primer caso IPG cederá a Vipei la propiedad de la galería comercial del Gandia Palace, que el exalcalde Arturo Torró compró en 2012 a través de la empresa pública, pero no llegó a pagar. Con esta especie de “dación en pago” se reducirán 5 millones de deuda. Este local, por otra parte, ha sido víctima del saqueo y el abandono, por la ausencia de vigilancia mientras duraba el litigio para determinar quiénes eran los propietarios tras la operación de compraventa.

La segunda acción es la venta del parking subterráneo del complejo de Simancas por 4,5 millones a un fondo alemán, una operación que todavía falta por ultimar.

La tercera manera de reducir lastre es rescindir el contrato con Becos para cerrar la discoteca Cocoloco en primera línea, una operación pactada por 800.000 euros que tampoco se llegaron a pagar. Ahora, IPG pagará 350.000 euros y saldará la deuda. Todo ello supondrá un ahorro de 11 milones de euros, de los 25 millones de deuda “heredados” por el PP, una cantidad considerable para un Ayuntamiento que todavía debe 300 millones.

El Gobierno local sigue manteniendo su promesa de disolver y cerrar IPG, algo que podría producirse antes del verano. Los últimos servicios que todavía gestiona IPG son el Mercat Municipal del Prado y la grúa municipal. Otros han sido “recuperados” recientemente para el Ayuntamiento, como el alquiler de bicicletas, el edificio Manuel Broseta o la Piscina del Grau.

El portavoz del Goberno local, José Manuel Prieto, señaló que IPG “está liberándose de deuda y no perdiendo patrimonio como pretenden hacer creer los populares, ya que no se puede despatrimonializar lo que no es nuestro". En cuanto al edificio Simancas, Prieto recordó que fue bajo la gestión del PP cuando se perdió el acuerdo a tres bandas con el Ministerio y la Generalitat que hacía posible la finalización del edificio. "Cuando
llegamos, desbloquear la situación para que las diferentes administraciones inyectar los cerca de 7 millones que hacían falta, pero nos encontramos con que la zona de las cocheras se había convertido en otro de los pufo del PP en convertir una obligación contractual del constructor en una deuda de la ciudad ".

Sobre Simancas, Prieto recordó que la empresa constructora tenía la obligación de hacerse cargo de la construcción de las cocheras para su posterior explotación y de aportar 1.550.000 al consistorio. El anterior Gobierno perdonó esta deuda, con el consiguiento quebranto para las arcas municipales.

Por su parte, la vicealcaldesa de Gandia, Lorena Milvaques afirmó que lo “lo que nos dejaron los anteriores gestores de IPG, no era patrimonio de la ciudad sino deuda. Una deuda que no tendrán que pagar todos los ciudadanos de Gandia y que es atribuible a la nefasta gestión del PP".